RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.– La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) y el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) expresaron su creciente preocupación por el alto número de casos en los que la acción penal se ha extinguido en los tribunales dominicanos durante los últimos cinco años, un fenómeno que, según ambas entidades, evidencia serias fallas en el sistema de justicia del país.
El presidente de Finjus, Servio Tulio Castaños Guzmán, y el presidente del CARD, Trajano Vidal Potentini, coinciden en señalar que esta situación refleja no solo la ineficiencia del sistema judicial para cumplir con los plazos establecidos, sino también una grave afectación a las víctimas y a los imputados. La extinción de la acción penal en muchos casos se debe, según Castaños Guzmán, a la inacción del sistema judicial, que no logra concluir los procesos dentro del plazo previsto.
Castaños Guzmán explicó que el Código Procesal Penal establece diversas medidas para garantizar la presencia de los imputados, como la prisión preventiva, que debería ser una medida excepcional. Sin embargo, indicó que la falta de resolución oportuna de los casos está desnaturalizando los procesos, lo que genera dudas sobre la eficiencia de las medidas coercitivas y procesales aplicadas en el país.
“El sistema judicial no está cumpliendo su función de manera adecuada, lo que pone en peligro el Estado de Derecho”, subrayó Castaños Guzmán. Asimismo, destacó los problemas derivados de la sobrecarga de los centros penitenciarios, lo que afecta tanto a la dignidad humana de los privados de libertad como a la administración de justicia en general.
La necesidad de una intervención urgente
El presidente de Finjus instó a una revisión integral del sistema judicial para garantizar que los casos se resuelvan en el tiempo establecido, respetando las garantías de todas las partes involucradas y disminuyendo el índice de extinción de los casos. Aseguró que la promoción de un sistema judicial y penitenciario conforme a las disposiciones legales es crucial para preservar los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Castaños Guzmán sugirió que los actores clave del sistema de justicia, como el Ministerio Público, la Dirección General de Prisiones, el Poder Judicial y la Defensa Pública, convoquen de manera urgente una mesa de diálogo para coordinar acciones encaminadas a resolver los problemas que están generando la extinción de la acción penal, asegurando la efectividad de la administración de justicia.
Impunidad y deficiencias en el sistema judicial
Por su parte, Vidal Potentini, presidente del CARD, señaló que el aumento de la duración de los procesos judiciales ha convertido la duración máxima de los mismos, de cuatro años, en un aliado de la impunidad. Destacó que el tecnicismo, la mora judicial, la falta de jueces, tribunales y recursos son factores que han permitido la eternización de los casos, haciendo imposible que los jueces den respuesta dentro de los plazos establecidos por el Código Procesal Penal.
Vidal Potentini también propuso la creación de un manual que establezca reglas claras y uniformes para agilizar los procesos judiciales y mejorar la actuación de los jueces. Este manual, según el presidente del CARD, permitiría dar una solución más efectiva a los incidentes judiciales y evitar que el proceso se convierta en un caos.
La preocupación de Finjus y el CARD es un llamado urgente a las autoridades judiciales y a los actores del sistema de justicia para que tomen medidas concretas y efectivas que garanticen el respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos y la verdadera administración de justicia en el país.