RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.-La fiscal titular del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, expresó este martes su seria preocupación ante lo que describió como un aumento exponencial de ataques difamatorios públicos y presuntos chantajes mediáticos que, a su juicio, amenazan con socavar la ética del ejercicio comunicacional en República Dominicana.
Sin embargo, informó que el Ministerio Público abrió una investigación a raíz de las denuncias de difamación y supuesto chantaje, poniendo como ejemplo los casos que se siguen contra Ángel Martínez e Ingrid Jorge, ambos acusados de difamar a la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, y a otras personalidades.
“Hemos iniciado investigaciones rigurosas para identificar patrones de conducta que puedan configurar esquemas de chantaje sistemático, aprovechamiento indebido de plataformas mediáticas y uso instrumental del periodismo como herramienta de presión ilegítima en las actuaciones de los señores Ángel Martínez, Claudia Pérez -mejor conocida como ‘La Tora’-, Luis Alfredo Cabrera -conocido en las plataformas digitales como Kapulet-, José Maracallo, Fernando Peña y demás profesionales relacionados con dichas actividades. No permitiremos que la libertad de expresión -derecho sagrado en nuestra democracia- se pervierta hasta convertirse en un mecanismo de manipulación o amenaza”, expresó Ramos.
En los últimos meses, explicó la fiscal, se ha observado una peligrosa escalada de denuncias cruzadas, demandas por difamación y alegaciones de chantaje que involucran a comunicadores, medios y figuras públicas. Según Ramos, esta situación ha dado lugar a una incipiente industria del descrédito, donde la verdad se ve desplazada por intereses personales, extorsivos o políticos.
Además, advirtió que estas prácticas deben detenerse, “Desde esta Procuraduría General de la República decimos con claridad: esto debe detenerse. No por censura, sino por decencia. No por temor, sino por convicción. Vamos a actuar dentro del marco de la ley, para proteger tanto la libertad de prensa como el derecho de cada ciudadano a no ser víctima de campañas difamatorias ni de presiones mediáticas encubiertas”.
Ramos también enfatizó: “No permitiremos que la libertad de expresión como derecho sagrado en nuestra democracia se pervierta hasta convertirse en un mecanismo de amenaza”. Y concluyó: “La verdad no puede ser una herramienta de extorsión ni la opinión un disfraz para el delito”, aclaró.
Fuente: El Nuevo Diario
