RDÉ DIGITAL, KIEV.- La Fiscalía de Brasil presentó el martes cargos contra el expresidente Jair Bolsonaro y otras 33 personas por su presunta participación en un intento de golpe de Estado en 2022, con el objetivo de impedir la toma de posesión de Luiz Inácio Lula da Silva.
Según el comunicado de la Procuraduría General de la República (PGR), los acusados habrían incitado y ejecutado actos contra los Tres Poderes y el Estado Democrático de Derecho. Entre ellos, figuran el exministro de Justicia Anderson Torres, el exdirector de inteligencia Alexandre Ramagem, el excomandante de la Marina Almir Garnier Santos y Walter Braga Netto, quien fue compañero de fórmula de Bolsonaro en las elecciones de 2022.
A Bolsonaro, de 69 años, se le imputan delitos como intento de golpe de Estado, tentativa de abolición del Estado democrático de derecho por la violencia y organización criminal armada. De ser hallado culpable, podría enfrentar penas de hasta 40 años de prisión, según el Código Penal brasileño.
Las investigaciones también revelaron que la trama contemplaba planes para la destitución e incluso la muerte de Lula, su vicepresidente Geraldo Alckmin y un juez del Tribunal Supremo, de acuerdo con la Fiscalía.
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Ataque a las sedes del poder en Brasilia
La fiscalía sostiene que, tras la derrota electoral de Bolsonaro, sus aliados intentaron ganar respaldo entre las Fuerzas Armadas para desconocer el resultado, sin éxito. Sin embargo, el 8 de enero de 2023, simpatizantes del exmandatario asaltaron las sedes del Congreso, el Palacio de Planalto y la Corte Suprema, en un episodio que evocó el ataque al Capitolio de EE.UU. en 2021.
Según el Ministerio Público, estos hechos fueron “incentivados” por Bolsonaro y sus colaboradores, representando el “último intento” de la trama golpista.
Bolsonaro ha negado cualquier implicación en estos actos y se considera víctima de una persecución política. “La acusación no tiene ninguna prueba contra Bolsonaro”, afirmó su hijo, el senador Flavio Bolsonaro, en la red social X.
El caso se encuentra ahora en manos del Tribunal Supremo Federal, que deberá decidir si avanza con el proceso judicial contra el expresidente y los demás acusados.
