RDÉ DIGITAL, COREA DEL SUR (EFE).– La Fiscalía surcoreana ha decidido imputar al presidente Yoon Suk-yeol por presunta insurrección y abuso de poder, tras su decisión de declarar la ley marcial el pasado 3 de diciembre. Esta es la primera vez en la historia de Corea del Sur que un presidente en funciones enfrenta una imputación bajo arresto.
La imputación llega a dos días de la expiración del período de detención preventivo de Yoon, quien ha estado bajo arresto desde el 15 de diciembre. La acusación fue presentada a petición de la Oficina para la Investigación de Casos de Corrupción de Altos Funcionarios (CIO), que lidera la investigación penal en su contra.
Según la CIO, Yoon habría conspirado con el entonces ministro de Defensa Nacional, Kim Yong-hyun, y otros miembros del Ejército para liderar un motín, declarando la ley marcial en la noche del 3 de diciembre. También se le acusa de haber enviado tropas al Parlamento para evitar que los legisladores revocaran su decreto.
La Fiscalía, tras analizar las pruebas disponibles, consideró que la imputación era el paso más adecuado antes de que venciera el plazo de detención de Yoon. La ley surcoreana establece que un sospechoso puede permanecer bajo arresto por un máximo de 10 días sin acusación formal, a menos que se extienda la detención o se realice una imputación.
El presidente Yoon ha rechazado las solicitudes de interrogatorio de la Oficina anticorrupción, y un tribunal de Seúl negó la prórroga de su arresto, lo que llevó a la Fiscalía a proceder con la imputación.
En caso de ser hallado culpable de insurrección, un delito que no está exento de inmunidad para un presidente surcoreano, Yoon podría enfrentarse a una pena de prisión perpetua o incluso a la pena de muerte, aunque esta última se encuentra en moratoria desde 1997.
Simultáneamente, el Tribunal Constitucional de Corea del Sur está evaluando un juicio político para determinar si ratifica la destitución de Yoon, aprobada por el Parlamento el 14 de diciembre. Si el máximo tribunal confirma su inhabilitación, se convocarán elecciones presidenciales anticipadas en un plazo de 60 días.
