RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO. – El fisco dominicano ajustó la redacción de la Ley 30-26 para evitar posibles pérdidas de ingresos. Además, la modificación busca cerrar espacios de interpretación en la aplicación del impuesto selectivo al consumo. En consecuencia, el Estado fortalece su capacidad de recaudación.
La nueva disposición aclara los elementos que integran el precio de venta al consumidor en bebidas alcohólicas. Asimismo, establece una base imponible más precisa para el cálculo del impuesto. Por lo tanto, se reduce el margen de disputas con los productores.
Ley 30-26 y la base del impuesto
La Ley 30-26 ratifica que el impuesto selectivo al consumo (ISC) ad-valorem se aplica sobre el precio de venta al por menor. Además, ese precio incluye todos los componentes del producto sin excepción. En consecuencia, se amplía la base de cálculo tributario.
El artículo 41 de la norma detalla que el precio final incorpora el valor del producto, envases y empaques. Asimismo, incluye etiquetas, tapas y otros elementos asociados. Por lo tanto, se elimina la posibilidad de eliminar partes del producto.
De igual manera, la legislación establece que la determinación del precio será regulada por la administración tributaria. Además, se emitirán normas complementarias para su correcta aplicación. En consecuencia, se busca uniformidad en el cobro del impuesto.
Fisco busca evitar pérdidas por interpretaciones
El fisco tomó esta medida tras detectar interpretaciones divergentes en la base imponible del impuesto. Además, casos anteriores mostraron diferencias entre productores y la autoridad tributaria. En consecuencia, el Estado enfrentó reclamos por ingresos no percibidos.
La nueva redacción incluye todos los insumos del producto final. Asimismo, abarca envases, empaques, etiquetas y cualquier elemento accesorio. Por lo tanto, se fortalece el control sobre la determinación del impuesto.
Finalmente, la modificación de la Ley 30-26 busca proteger los ingresos fiscales. Además, garantiza una aplicación más clara y uniforme del tributo. En consecuencia, el Estado reduce el riesgo de pérdidas por interpretaciones legales.
