RDÉ DIGITAL, FLORIDA.- El estado de Florida fue recompensado con 608 millones de dólares del gobierno federal por medio de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA), para financiar sus centros de detención migratoria “Alligator Alcatraz” y “Deportation Depot”.
El Departamento de Seguridad Nacional confirmó que Florida presentó una solicitud de reembolso tras haber construido el centro Alligator Alcatraz, y el martes previo al cierre parcial del gobierno federal, se le concedió la totalidad de los fondos solicitados. La oficina del gobernador indicó que el monto cubrirá tanto la construcción como la operación de esos recintos.
Alligator Alcatraz fue proyectado para operar dentro de los Everglades, con costos estimados en unos 450 millones de dólares durante su primer año. En tanto, el centro Deportation Depot abrió recientemente en el norte de Florida, cerca de Jacksonville, como parte de la expansión del modelo de detención estatal.
Organizaciones ambientales que presentaron demandas contra la instalación alegan que el uso de fondos federales refuerza sus argumentos de que la obra debió someterse a una evaluación ambiental federal antes de su construcción. Según ellos, esta asignación federal indica que la obra tiene carácter de proyecto financiado con recursos nacionales, lo cual implicaría obligaciones legales adicionales.
Uno de los casos relevantes es el de la organización Friends of the Everglades, que sostiene que este financiamiento evidencia que la instalación responde a intereses federales y debe someterse a las normas federales de protección ambiental. El hecho ocurre en medio del proceso judicial en que, en septiembre, un tribunal de apelaciones suspendió una orden que exigía el desmantelamiento de Alligator Alcatraz mientras se estudia el fondo del asunto.
El gobernador Ron DeSantis celebró la decisión, asegurando que siempre sostuvo que el estado recibiría el reembolso federal. Por su parte, las críticas se han intensificado, pues muchos consideran que estos instrumentos refuerzan políticas migratorias agresivas y trasladan responsabilidad estatal a fondos nacionales.
El futuro de las operaciones en esos centros dependerá no solo de las demandas legales en curso, sino también de la transparencia en el uso de esos fondos públicos y del cumplimiento de las leyes ambientales federales y estatales.
