RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- Los países de la región de América Latina y el Caribe se encuentran en la necesidad imperativa de fomentar el crecimiento económico y llevar a cabo reformas estructurales que garanticen la consolidación y la sostenibilidad fiscal.
En el contexto de esta premisa, la economía dominicana, a pesar de su proyección positiva de crecimiento, enfrenta riesgos significativos, como la carga del servicio, de la deuda y la rigidez presupuestaria.
La emisión de bonos a largo plazo como estrategia para aplazar compromisos futuros plantea otro desafío importante, conocido como «prima de riesgo» o «prima por plazo».
Actualmente, el debate en el país se centra en tres áreas de reforma: la tributaria, la culminación de temas pendientes en el pacto eléctrico, que incluye la seguridad social y el código laboral.
En su más reciente conferencia de prensa, Rodrigo Valdés, director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI), destacó la importancia de que los países identifiquen reformas estructurales con beneficios tangibles para el crecimiento y trabajen arduamente para generar consenso político para su implementación de manera duradera e inclusiva.
Otro desafío crucial para la República Dominicana es la reducción de exenciones y exoneraciones. En el año 2024, el gasto tributario (exoneraciones) alcanzó los RD$340,890.9 millones, equivalente al 4.6 % del PIB, con perspectivas de aumentar al 4.7 %, según el Panorama Macroeconómico 2023-2027. Aunque la proporción de deuda pública ha disminuido en términos porcentuales, los ingresos tributarios destinados a amortizaciones e intereses representan un obstáculo para las inversiones públicas.
