RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.– El Estado dominicano, a través del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), demandó el 22 de julio de 2025 ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) la rescisión del contrato de concesión minera con Falconbridge Dominicana (Falcondo). Este contrato llevaba casi siete décadas vigente.
La demanda acusa a la minera de incumplir obligaciones contractuales y causar daños ambientales por más de US$25 millones. También señala violaciones a compromisos laborales desde 2023 y la venta de propiedades por US$11 millones sin autorización estatal.
Ventas sin autorización
Según el Fonper, Falcondo vendió inmuebles en San Cristóbal a la empresa Gas & Oil Energy GOE, S.R.L. El Estado posee 9.5 % de las acciones a través de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE).
Los abogados Eric Raful Pérez y Lilia Fernández León aseguran que la operación violó convenios suplementarios de 1969 y 1971. Estos acuerdos incluyen terrenos con tanques de más de 330,000 barriles de combustible.
Abandono de operaciones
Falcondo abandonó la concesión a mediados de 2024. Esto dejó a miles de empleados sin trabajo y afectó a las comunidades en lo económico, social y ambiental.
La empresa también incumplió el pago de impuestos y descuidó compromisos esenciales del contrato. Estas acciones respaldan la solicitud de rescisión.
Origen de la concesión
El contrato entre el Estado y Falcondo se firmó el 24 de diciembre de 1956. Otorgaba a la minera derechos de exploración y explotación de níquel. La compañía produce ferroníquel, insumo clave para el acero inoxidable.
