RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- La Secretaría de Seguridad Vial del partido Fuerza del Pueblo (FP) exigió este miércoles al gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) una explicación transparente sobre el destino de los fondos recaudados por concepto de las multas de tránsito.
A casi cinco años de gestión, la organización denunció que persisten serias deficiencias en la movilidad vial del país, a pesar de los recursos obtenidos por las infracciones. Aseguraron que dichos fondos no se están utilizando de manera efectiva para fortalecer las instituciones encargadas del tránsito, como el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) y la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), lo que afecta directamente la implementación de un régimen de consecuencias efectivo.
“La falta de inversión en estos organismos limita gravemente la capacidad para reducir la alta tasa de siniestralidad vial en el país”, indicó la Secretaría de Seguridad Vial de la FP en un comunicado oficial.
Durante la comparecencia reciente del director del INTRANT, Ing. Milton Morrison, ante el Senado, la FP identificó una crisis profunda de autoridad en la gestión del tránsito, marcada por la descoordinación entre las instituciones, recursos insuficientes y la falta de una estrategia clara y unificada. “El sistema de movilidad está paralizado: las competencias se solapan, la colaboración entre instituciones es débil, y ninguna entidad parece asumir el liderazgo necesario”, señaló la organización.
Además, la FP criticó que el gobierno del PRM esté impulsando políticas recaudatorias sin abordar las fallas estructurales y operativas del sistema de tránsito. Aseguraron que tras el fracaso de la reforma fiscal, las autoridades continúan aplicando cargas económicas a los ciudadanos sin mejorar ni la gestión del tránsito, ni la infraestructura vial, ni el parque automotriz.
La Secretaría de Seguridad Vial también cuestionó la capacidad operativa de los ayuntamientos, advirtiendo sobre su desvinculación del sistema nacional de movilidad y sus limitaciones técnicas y financieras que impiden una gestión eficaz del transporte a nivel local.
“La seguridad vial no se logra con propaganda ni con sanciones aisladas. Se requiere una inversión real, liderazgo estatal y coordinación entre todos los actores del sistema, como establece la Ley 63-17”, recalcaron en su declaración.
Por último, la FP hizo un llamado urgente al gobierno para que revise la asignación de los fondos provenientes de las multas de tránsito, exija transparencia en su uso y garantice su inversión en acciones concretas que contribuyan a reducir la morbilidad y mortalidad en las calles del país.
