RDÉ DIGITAL, SANTO DOSMINGO.- El presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras (CUED), Celso Marranzini, informó que el fraude eléctrico, representado por conexiones ilegales en hogares, comercios y empresas, genera pérdidas anuales de entre US$150 y US$200 millones para el Estado. Estas prácticas, además de sobrecargar el sistema eléctrico, provocan cortes de servicio y deterioran la calidad del suministro.
El Gobierno enfrenta un déficit de US$650 millones al año en el sector eléctrico, atribuible a pérdidas técnicas, fraude y problemas de facturación. Este año, las empresas distribuidoras (Edesur, Edenorte y Edeeste) han identificado 800,000 clientes que reciben energía sin pagarla, según Marranzini.
Edesur, por ejemplo, desmanteló recientemente conexiones ilegales en varias plazas comerciales y en el distrito Sabana Alta, San Juan, donde se descubrieron 57 instalaciones ilegales. La empresa regularizó a 717 nuevos clientes para reducir pérdidas y mejorar los ingresos.
Impacto en el sistema y desafíos
Marranzini señaló que las conexiones ilegales sobrecargan los transformadores, provocando fallas frecuentes en sectores con redes óptimas y afectando a usuarios que pagan regularmente. Según el titular del CUED, el 37% de las pérdidas en las distribuidoras se relacionan con prácticas fraudulentas.
Para 2027, el CUED se ha planteado reducir estas pérdidas al 27%, frente al 38% actual. Las metas incluyen inversiones estratégicas, mejoras operativas y medidas contra el fraude, con especial atención a la gestión de redes en sectores desprovistos de infraestructura eléctrica.
Medidas y financiamiento
Entre las acciones inmediatas del CUED están la compra masiva de transformadores y medidores, estaciones móviles para pagos en comunidades remotas y un portal digital para monitorear circuitos. El organismo ha asegurado financiamiento internacional, incluyendo préstamos del Banco Mundial, para respaldar estos proyectos.
“El 2024 será clave para revertir las tendencias negativas”, afirmó Marranzini, subrayando la importancia de estas inversiones.
Empresarios piden soluciones locales
Leonel Castellanos, presidente de la Unión Nacional de Empresarios (UNE), destacó que las pérdidas en el sector eléctrico representan una carga significativa para el presupuesto nacional. “El subsidio eléctrico representó el 42% del déficit fiscal en 2023”, apuntó.
Castellanos propuso incluir a la banca local en los planes de reconstrucción y modernización de las redes eléctricas, como alternativa a los préstamos multilaterales, para garantizar la sostenibilidad del sistema eléctrico a largo plazo.
El CUED y las empresas distribuidoras trabajan en conjunto para frenar el fraude, mejorar la gestión y garantizar un servicio eléctrico más eficiente y accesible para todos los ciudadanos.
