RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.– La urgencia de acciones contundentes contra los ilícitos en la frontera dominico-haitiana ha sido enfatizada tras la revelación de una investigación exhaustiva realizada por el Instituto de Educación Superior en Formación Diplomática y Consular (Inesdyc). Este estudio arrojó luz sobre la proliferación de actividades que están socavando el potencial desarrollo económico de cuatro provincias fronterizas: Dajabón, Elías Piña, Independencia y Pedernales.
El informe, titulado “Fragilidad, resiliencia, desarrollo e inversión (Fredi)”, presentado en cuatro tomos con datos específicos por provincia, detalló una serie de emergencias complejas relacionadas con actividades ilegales que afectan tanto el orden público como la economía local. Entre estas actividades se destacan el tráfico de drogas, comercio de armas de fuego, lavado de dinero, ingreso de extranjeros, robo de ganado y la distribución y venta de mercancías.
Una de las causas que ha impulsado la creación de rutas alternas de comercio ilegal son los conflictos y bloqueos que frecuentemente ocurren en los puntos de acceso formal al comercio bilateral. Estos obstáculos impulsan a algunos comerciantes a buscar alternativas para colocar productos perecederos, exacerbando así el problema.
El informe también señala diversas razones relacionadas con problemas migratorios, incautaciones de mercancías y conflictos interpersonales que desencadenan la creación de rutas alternativas. Especialmente afectada por el cierre de frontera es Haití, cuyos ciudadanos enfrentan dificultades para obtener alimentos tanto para el comercio como para su propio consumo.
El nivel de complejidad de estas operaciones ilícitas, como la distribución y venta de mercancías y el lavado de activos, requiere la colaboración de múltiples actores que desempeñan funciones específicas. El informe advierte que estas operaciones, coordinadas entre autoridades y comerciantes de ambos países, se llevan a cabo a diferentes escalas, desde comunitaria hasta global, exacerbando los problemas económicos y de seguridad en la región.
Ante esta situación, las autoridades dominicanas se enfrentan a un verdadero desafío para vigilar y proteger los 1,771 kilómetros de costa y 392 kilómetros de frontera terrestre. Se hace evidente la necesidad de una acción concertada y urgente para abordar estas emergencias complejas y garantizar el desarrollo económico y la seguridad en la región fronteriza.
