RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- El Gobierno adquirió una serie de aviones de vigilancia y combate ligero para fortalecer la defensa aérea del país. Sin embargo, a pesar de esto, el país sigue sin contar con un Sistema Nacional Integrado de Defensa Aérea, un componente clave para la seguridad nacional que permanece incompleto desde hace 14 años.
Nuevas adquisiciones fortalecen la Fuerza Aérea
La Fuerza Aérea de la República Dominicana (FARD) ha incorporado recientemente a su flota siete aviones T-35 Pillán, adquiridos del Ejército del Aire de España, y diez aviones TP-75 Dulos, ensamblados localmente en colaboración con Italia.
Estas aeronaves están diseñadas para llevar a cabo misiones de entrenamiento, combate ligero y patrullaje, y se suman a los ocho aviones de combate A-29 Super Tucano, comprados en 2010 durante el mandato del entonces presidente Leonel Fernández.
Los T-35 Pillán y TP-75 Dulos, con su capacidad para realizar misiones de patrullaje y combate ligero, proporcionan a la FARD herramientas adicionales para la defensa del espacio aéreo dominicano y para la lucha contra amenazas como el narcotráfico y otras actividades ilícitas transnacionales.
Sistema de radares: una espera de 14 años
A pesar de estas mejoras, el país enfrenta desafíos con la implementación de un sistema de radares militares, cuya instalación comenzó hace 14 años en la base aérea de San Isidro.
El proyecto, que fue adjudicado en 2009 al Consorcio Heaven Peralta Alta (COHPE), implicaba la instalación de una red de radares que permitiría a la República Dominicana tener un control más integral y eficaz de su espacio aéreo.
Sin embargo, aunque se desembolsaron 26.5 millones de dólares de un total de 34 millones destinados al proyecto, aún quedan pendientes 7 millones de dólares para completar la plataforma de antenas y radares. Durante estos 14 años, el proyecto ha visto múltiples intentos de reactivación, pero sin éxito tangible.
Evaluaciones y opiniones favorables, pero sin avances
A lo largo de los años, el proyecto ha recibido opiniones favorables de seis ministros de Defensa, de la comisión de defensa del Senado de la República y de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD). Sin embargo, estas recomendaciones no han sido suficientes para garantizar la finalización del sistema de radares.
En 2022, el presidente Luis Abinader autorizó formalmente al Ministerio de Defensa a retomar el proyecto, reconociendo su importancia para la defensa del espacio aéreo nacional y para la lucha contra el crimen transnacional. A pesar de esta autorización, el proyecto no ha avanzado más allá de promesas y documentación.
El mayor general Muñoz Noboa, ex comandante general de la FARD y actual viceministro de Defensa, ha señalado que los radares almacenados en San Isidro sólo requieren una actualización de software para estar operativos.
No obstante, la implementación sigue pendiente, y la FARD continúa dependiendo de los radares comerciales de los aeropuertos internacionales de Las Américas y Punta Cana para llevar a cabo sus operaciones de vigilancia aérea.
Un proyecto marcado por la burocracia y la falta de fondos
El proyecto del sistema de radares militares ha estado plagado de demoras burocráticas y la falta de asignación de fondos. Desde su adjudicación en 2009, el Ministerio de Defensa ha hecho numerosas solicitudes de financiamiento a diferentes administraciones, sin obtener los recursos necesarios para completar la obra.
Entre 2009 y 2013, se llevaron a cabo múltiples procesos para asegurar la continuidad del proyecto. Estos incluyeron la licitación pública, la adjudicación del contrato de supervisión, y la emisión de un poder especial por parte de la Presidencia de la República para la firma de contratos necesarios para la ejecución del proyecto.
A pesar de estos esfuerzos, las solicitudes de fondos, tanto para la instalación como para la ampliación del proyecto, han sido negadas o no han recibido respuesta, resultando en la paralización total del proyecto desde 2013.
