RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- A lo largo de la República Dominicana existen una serie de lugares especiales con compañías que fabrican desde dispositivos médicos hasta joyas y están exentas de impuestos.
Estas son las zonas francas, parques industriales con normativas fiscales y aduaneras más favorables que en el resto del país caribeño y que actualmente representan dos tercios de las exportaciones dominicanas.
Además, estas áreas también se han convertido en una fuente de empleo para esta nación de 11 millones de habitantes, con 198.000 empleos directos generados hasta fines del año pasado, según cifras de la Asociación de Zonas Francas de las Américas (AZFA).
De hecho, República Dominicana ha pasado a ser el país de América Latina con más empleos directos por zonas francas y parques bajo ese régimen, seguido por Costa Rica y Honduras respectivamente, según la misma fuente.
“Las zonas francas son clave en nuestro país desde hace décadas, independientemente del partido que haya estado en el gobierno”, dice Claudia Pellerano, una dominicana que preside la AZFA, en conversación con BBC Mundo.
Estas zonas juegan un papel importante en la economía del país. No obstante, estos lugares especiales han sido objeto de críticas por parte del Banco Mundial.
Las zonas francas se han convertido en una política de largo plazo que República Dominicana ha utilizado para atraer inversiones desde 1969, cuando abrió la primera en la ciudad de La Romana.
Este proyecto se inició a petición de una empresa transnacional con inversiones en la industria azucarera, la Gulf and Western Americas Corp., luego de la aprobación de normas de incentivo industrial que eximían de impuestos a las compañías instaladas en zonas francas del país.
Con el tiempo, surgieron más zonas francas en República Dominicana. En 1983, las empresas que operaban en ellas ya superaban el centenar. Y en los años siguientes, su ritmo de crecimiento destacaba en el Caribe y Centroamérica.
Este régimen especial dominicano recibió un impulso importante desde Estados Unidos, primero con aranceles preferenciales a productos de la región y luego con el tratado de libre comercio con Centroamérica y República Dominicana (DR-CAFTA, por sus siglas en inglés) a partir de la década de 2000.
Actualmente, en las zonas francas dominicanas hay unas 820 empresas locales y extranjeras que movieron exportaciones por más de US$8.000 millones en 2023 según cifras oficiales, una cifra récord para el país, con EE.UU. como principal destino (79 % del total).
Estas exportaciones incluyen desde textiles y tabaco hasta productos farmacéuticos y equipos médicos, que juntos constituyen la principal exportación al totalizar US$2.474 millones y superar el 30 % de las salidas desde zonas francas.
También se exportaron productos plásticos, metálicos, eléctricos y calzados, entre otros.
Este abanico industrial generó miles de puestos de trabajo en las zonas francas dominicanas, según sus defensores, a un ritmo mayor que en otros países latinoamericanos, donde abundan en esas áreas las pequeñas y medianas empresas de comercio o servicios.
Basándose en su ubicación geográfica e infraestructura de puertos y aeropuertos, República Dominicana apuesta ahora a beneficiarse del nearshoring, una tendencia por la cual las industrias occidentales tercerizan parte de su producción en países cercanos para simplificar su logística en lugar de hacerlo en Asia.
“Las zonas francas en República Dominicana han demostrado que son un sector con mucho potencial”, dice Capellán a BBC Mundo. “Se han diversificado y sofisticado con más valor agregado. Y más tecnología hasta en el área textil, que fue donde comenzó”.
Pero también ha habido sugerencias de modificar esta política en República Dominicana.
El Banco Mundial señaló en agosto que las zonas económicas especiales han tenido limitados efectos indirectos en la economía.
Entre 2010 y 2019, estas zonas generaron el 3,8 % del empleo total y empresas de baja tecnología tienen baja productividad.
En noviembre, el Banco Mundial sugirió revisar las vacaciones fiscales en Zonas Económicas Especiales para garantizar neutralidad fiscal.
Sin embargo, los representantes de las zonas francas se muestran reacios a ese tipo de cambios.
“Cuando una empresa de zona franca hace una inversión, la hace a largo plazo. Y cuando ese marco legal lo cambian constantemente, se desestabiliza la parte de la inversión. Entonces para nosotros, la estabilidad de ese marco es importante”, sostiene Pellerano.
Y señala que “en este gobierno, en los últimos años ha habido una prioridad y apoyo al sector de zonas francas de manera clara”.
