RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- En los últimos meses, las sentencias judiciales que obligan a centros de salud públicos y privados a pagar indemnizaciones millonarias a víctimas de malas prácticas médicas han generado preocupación en el ámbito sanitario. Expertos advierten que esta situación podría desencadenar un encarecimiento de los servicios médicos y un deterioro en el sistema de salud en general.
El neurocirujano y abogado José Papaterra explicó que estas sentencias han llevado a los profesionales de la salud a adoptar una postura defensiva, lo que se traduce en una medicina más cautelosa y una mayor cantidad de pruebas y exámenes para evitar responsabilidades legales. Según Papaterra, esta tendencia afecta la relación médico-paciente, transformando al paciente en un potencial demandante en lugar de un individuo en busca de atención médica.
En ese sentido, Rafael Mena, director médico del Centro Médico UCE y presidente de Andeclip, resaltó la importancia de establecer límites económicos en las indemnizaciones, basados en el daño causado y el grado de responsabilidad del profesional de la salud. Mena subrayó que la realidad de la práctica médica en el país difiere de la de países como Estados Unidos, donde existen mayores recursos legales y financieros para afrontar demandas médicas.
El panorama planteado por estos expertos sugiere la necesidad de reformas legales y una mayor capacitación para los jueces y fiscales que atienden casos relacionados con la salud. Mena advirtió sobre el riesgo de que la presión legal y financiera provoque la desaparición de servicios médicos, especialmente en clínicas de menor tamaño, lo que podría llevar a un monopolio del capital financiero en el sector de la salud y limitar la variedad de opciones para los pacientes.
Además, se mencionó el Plan de Asistencia Médico Jurídico (Plamejur) del Colegio Médico, que brinda asistencia legal en casos de demandas a médicos, pero no cubre los costos de sanciones económicas, lo que representa un desafío financiero adicional para los profesionales de la salud.
En el ámbito judicial, el Hospital Traumatológico Ney Arias Lora y el Colegio Médico Dominicano (CMD) han presentado un recurso de revisión constitucional contra una sentencia que les obliga a pagar una indemnización millonaria. Esta acción legal busca garantizar el derecho a presentar pruebas y defender los protocolos médicos en casos de demandas por mala praxis.
Ante este escenario, queda patente la necesidad de encontrar un equilibrio entre la protección de los derechos de los pacientes y el acceso a una atención médica de calidad, sin que ello implique una carga excesiva para los profesionales de la salud ni un detrimento en la oferta de servicios médicos en el país.
