Por Jeimy Moquete
RDÉ DIGITAL, WASHINGTON.- Donald Trump llegó al poder apoyado en un discurso antiinmigración, con una promesa central de cerrar las puertas a quienes buscan emigrar o encontrar refugio en el país y de poner en marcha la mayor campaña de deportación de la historia de Estados Unidos.
En sus primeros 100 días en la Casa Blanca, que se cumplen el miércoles, el presidente ha forzado los límites del Ejecutivo para cumplir su palabra, firmando más de 170 decretos y empujando a otras agencias, como el Pentágono y el Departamento de Justicia, a involucrarse en la gestión migratoria.
Lejos de las “deportaciones masivas”
Trump se ha enfrentado a obstáculos judiciales y logísticos, como la falta de personal e infraestructura, para lograr las deportaciones “masivas” que prometió a sus votantes.
El Gobierno ha resaltado el aumento en los arrestos de migrantes, que se han duplicado en comparación con la Administración anterior, pasando de un promedio de 310 al día a más de 650, según cifras del Migration Policy Institute. En contraste, no han publicado datos de la cantidad total de deportaciones, y los registros conocidos muestran que las expulsiones se realizan a un ritmo igual o menor que durante el gobierno de Joe Biden (2021-2025).
Esta situación ha provocado frustración dentro del Ejecutivo, según filtraciones a medios estadounidenses, que ha decidido lanzar una campaña promoviendo la “autodeportación”, es decir, que los migrantes decidan por su cuenta volver a sus países de origen.
En medio de la presión por acelerar las deportaciones y arrestos, se han registrado decenas de detenciones de ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes y migrantes con estatus legal.
La Administración de Trump también ha intentado eliminar programas y beneficios migratorios creados por su antecesor, como el parole humanitario para Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití, el estatus de protección temporal y la aplicación CBP One, que permitía pedir cita para entrar legalmente por la frontera.
Como consecuencia, más de medio millón de personas se han quedado en un limbo legal o en situación migratoria irregular, mientras los tribunales deciden sobre la legalidad de los programas.
Enfrentamiento con el judicial
En febrero, el Gobierno de Trump comenzó a usar la base naval estadounidense en Guantánamo (Cuba) para retener a migrantes, trasladándolos desde centros de detención en Estados Unidos.
Inicialmente, se enviaron allí a 178 migrantes venezolanos, quienes pasaron varias semanas encarcelados antes de ser deportados a Venezuela, provocando el rechazo de organismos internacionales.
Desde entonces, las autoridades han trasladado discretamente a más personas a la base para luego enviarlas a otros países. Actualmente, hay 45 personas detenidas allí, según informó The New York Times.
A mediados de marzo, Trump decidió invocar la Ley de Enemigos Extranjeros, una normativa poco conocida y usada en el pasado solo en tiempos de guerra, para expulsar a cientos de migrantes, en su mayoría venezolanos, hacia una megacárcel en El Salvador.
En total, el Gobierno ha enviado a más de 200 personas al país centroamericano, sin posibilidad de apelar sus casos ante una corte ni de comunicarse con sus familias o abogados, en lo que grupos de derechos humanos como Human Rights Watch han calificado como “desaparición forzada”.
El uso de esta ley, que data de 1798, ha desatado un enfrentamiento con el Poder Judicial que amenaza con crear una crisis constitucional, según expertos legales y voces críticas del Ejecutivo.
El Supremo ha decidido intervenir con urgencia para resolver las demandas contra su aplicación y ha ordenado una pausa temporal a las expulsiones.
No obstante, el Gobierno ha ignorado requerimientos de jueces de menor instancia, que lo acusan de actuar de mala fe. Un magistrado en Washington D.C., James Boasberg, ha iniciado el proceso para declarar en desacato a la Administración republicana.
El Ejecutivo respondió tildando a los jueces de “insubordinados” y “radicales de izquierda”, y el pasado viernes el FBI arrestó a una magistrada de Wisconsin, acusándola de impedir el arresto de un migrante indocumentado.
En particular, el caso de Kilmar Ábrego García, uno de los hombres enviados a la megacárcel del Cecot, se ha convertido en una causa abanderada por la oposición demócrata. El Supremo ordenó su retorno, pero tanto Estados Unidos como El Salvador se han rehusado a facilitarlo.
El migrante, de origen salvadoreño, residía en Estados Unidos desde hace más de una década y tenía un estatus legal que lo protegía de la deportación. Sin embargo, el Gobierno lo arrestó y deportó, acusándolo sin pruebas contundentes de formar parte de la pandilla MS-13.
Las acciones contra los migrantes y la “erosión” del debido proceso han llevado al país a un momento crucial, donde se están poniendo a prueba “cada uno de los derechos y libertades” que tienen quienes viven en Estados Unidos, advirtió Cathryn Paul, activista de la organización promigrante CASA.
