RDÉ DIGITAL, ESTADOS UNIDOS.- El gobierno del presidente Donald Trump retiró 11 guías prácticas destinadas a orientar a negocios como tiendas, hoteles y hospitales sobre cómo cumplir con la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA), sin modificar el contenido legal de la normativa. Así lo confirmó el Departamento de Justicia, que justificó la medida como parte de una iniciativa para reducir las cargas regulatorias sobre el sector empresarial.
Las guías eliminadas incluían orientaciones sobre cómo hacer accesibles estacionamientos, baños, ascensores y habitaciones de hotel, además de sugerencias para la atención a personas con discapacidad durante la pandemia de COVID-19. Cinco de los documentos estaban relacionados directamente con la emergencia sanitaria y abordaban, por ejemplo, la flexibilización de restricciones hospitalarias para permitir la entrada de cuidadores o intérpretes.
“Devolver dinero a los bolsillos de los dueños de negocios ayuda a todos al permitir que esos negocios transfieran los ahorros a los consumidores y fortalezcan la economía”, señaló Mac Warner, asistente del fiscal general adjunto, en un comunicado oficial.
Aunque las guías no eran legalmente obligatorias, defensores de los derechos de las personas con discapacidad alertaron que su eliminación podría limitar el acceso y aumentar el número de demandas, ya que muchas empresas dependían de esas orientaciones para evitar litigios y fomentar el cumplimiento voluntario.
Para el abogado y consultor Marc Dubin, especializado en temas de accesibilidad, lo relevante no es solo la retirada de los documentos, sino si serán reemplazados por otros equivalentes: “Es rutinario que se retiren guías, pero lo importante es observar con qué las reemplazará el gobierno, si es que lo hace”.
Organizaciones defensoras como el Consejo Nacional para la Vida Independiente expresaron su preocupación por el posible retroceso en los estándares de accesibilidad. “Va a hacer retroceder el reloj”, advirtió su director ejecutivo, Theo Braddy, quien destacó que muchas de las recomendaciones eliminadas eran de bajo costo y representaban una inversión rentable para los negocios.
Aunque la ADA sigue en vigor, la incertidumbre sobre la aplicación efectiva de la ley por parte del Departamento de Justicia durante la administración Trump ha generado inquietud entre expertos. Para Chai Feldblum, exfuncionaria federal en temas de discapacidad, el cumplimiento de la ley depende en gran medida de una vigilancia activa: “Nada puede sustituir a un Departamento de Justicia fuerte y vigoroso”.
