RDÉ DIGITAL, ESTADOS UNIDOS.- El Gobierno del presidente Donald Trump anunció este miércoles la revocación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos venezolanos, una medida que podría afectar directamente a unos 250,000 inmigrantes y los expone a posibles procesos de deportación tras el vencimiento del amparo el próximo 10 de septiembre.
La decisión fue comunicada por la secretaria de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, quien señaló que el programa, otorgado en 2021 por la administración de Joe Biden, ya no cumple con los criterios legales establecidos para su continuidad.
“El TPS para Venezuela se ha convertido en un factor de atracción que incentiva la migración irregular, dificultando los esfuerzos de esta administración por garantizar la seguridad fronteriza y un sistema migratorio eficaz”, declaró Matthew Tragesser, portavoz del Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS), al explicar la postura oficial del Ejecutivo.
El TPS brinda a los beneficiarios permisos de trabajo y los protege de la deportación mientras persistan condiciones extraordinarias en sus países de origen que impidan su retorno seguro.
Sin embargo, Noem argumentó que las condiciones en Venezuela han cambiado y ya no justifican el amparo.
Decisión del gobierno de Trump se da en medio de disputa legal
La medida llega en medio de un litigio activo en los tribunales federales.
El pasado viernes, el Tribunal del Noveno Circuito de Apelaciones ratificó un fallo previo que calificó de ilegal la cancelación del TPS para aproximadamente 600,000 venezolanos, una cifra que incluye tanto a los protegidos bajo el programa original de 2021 como a quienes se acogieron a la extensión de 2023.
El panel de jueces respaldó de forma unánime al juez Edward Chen, del Tribunal de Distrito del Norte de California, quien examina una demanda interpuesta por la Alianza Nacional TPS junto a siete inmigrantes venezolanos, con el respaldo legal de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU).
De acuerdo con los demandantes, la cancelación del amparo provocaría daños irreparables como pérdida de empleo, separación familiar, detenciones arbitrarias y posibles deportaciones.
La ACLU advirtió que se violan derechos fundamentales al revocar el estatus sin garantías procesales suficientes.
Se espera que el juez Chen emita una resolución en los próximos días, la cual podría congelar temporalmente la decisión del Gobierno de revocar el TPS, a la espera de una revisión más profunda del caso.
Incertidumbre para miles de familias
La revocación del TPS representa un nuevo capítulo de incertidumbre para miles de familias venezolanas en Estados Unidos, muchas de ellas con hijos nacidos en el país, arraigo laboral y vínculos comunitarios sólidos.
Organizaciones de derechos migratorios han expresado su rechazo a la medida y exhortan a que se respete la continuidad del estatus hasta que las condiciones en Venezuela garanticen un retorno seguro.
Mientras tanto, el Gobierno Trump mantiene su línea de endurecimiento migratorio, argumentando razones de seguridad nacional y control fronterizo como prioridad en su política exterior y doméstica.
