RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.– El Gobierno dominicano emitió el Decreto 714-26 para coordinar las inversiones tecnológicas de las instituciones públicas. La medida busca reducir gastos duplicados, reforzar la seguridad digital y facilitar la conexión entre los sistemas estatales.
La disposición designa al Ministerio de Administración Pública (MAP) como responsable de evaluar y dar seguimiento a las inversiones digitales estratégicas. Además, establece criterios comunes para las contrataciones tecnológicas del Estado.
El reglamento incluye la adquisición de sistemas informáticos, plataformas digitales, servicios en la nube y tecnologías emergentes. De esta manera, busca evitar que las instituciones desarrollen soluciones aisladas que aumenten los costos operativos.
El ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, afirmó que la normativa permitirá reducir la fragmentación del gasto tecnológico. Según explicó, cada inversión deberá responder a una estrategia nacional integrada.
Evaluación técnica y compras conjuntas
Entre las medidas principales, el decreto exige una evaluación técnica previa del MAP para determinadas adquisiciones de plataformas y soluciones digitales complejas. Este requisito deberá cumplirse antes de iniciar los procesos correspondientes.
Asimismo, la normativa promueve las compras conjuntas entre instituciones públicas. El objetivo es aprovechar mejores condiciones de adquisición, reducir duplicidades y optimizar los recursos estatales.
Para coordinar estas acciones, se crea la Comisión Técnica Interinstitucional para Contrataciones e Inversiones Digitales Estratégicas. El organismo estará coordinado por el MAP e integrado por representantes de varias entidades.
Entre ellas figuran el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Hacienda y Economía, la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC), la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) y el Centro Nacional de Ciberseguridad.
Protección de datos e inteligencia artificial
El artículo 6 declara de interés estratégico nacional la integración y modernización de la infraestructura digital soberana. Esta medida busca garantizar la continuidad y seguridad de los servicios públicos.
Además, las soluciones tecnológicas deberán permitir el intercambio de información y la portabilidad de los datos. También deberán facilitar la sustitución de sistemas sin crear dependencias técnicas o comerciales que limiten las decisiones del Estado.
Por tanto, el reglamento prohíbe cláusulas y diseños tecnológicos que generen dependencias comerciales exclusivas o restrinjan el control estatal sobre los datos.
Las contrataciones que incorporen algoritmos o sistemas avanzados de automatización deberán incluir supervisión humana, trazabilidad y transparencia. Con ello, se busca proteger los derechos fundamentales de la ciudadanía.
Sin embargo, el decreto no sustituye las normas vigentes sobre contratación pública, presupuesto, protección de datos personales, ciberseguridad y acceso a la información.
Con esta disposición, el Gobierno procura establecer reglas comunes para las inversiones digitales. Asimismo, busca fortalecer la infraestructura tecnológica y mejorar los servicios públicos.
