RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader emitió el Decreto No. 166-25, mediante el cual se introducen medidas correctivas para asegurar el cumplimiento de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública (200-04), como parte de los esfuerzos por fortalecer la transparencia en la administración pública.
Una de las principales disposiciones establece que los servidores públicos que no cumplan con los requerimientos de la ley verán afectado su bono de desempeño.
La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) será la entidad responsable de definir, mediante una matriz de responsabilidad informacional, el nivel de impacto que el incumplimiento tendrá sobre dicho incentivo.
La aplicación del decreto comenzará en el tercer trimestre de este año, período durante el cual la DIGEIG desarrollará un plan de capacitación y divulgación sobre las nuevas medidas.
El objetivo es que todas las instituciones comprendan los estándares requeridos y se adecuen a ellos antes de la implementación formal de las sanciones.
Según lo establecido, la medida será aplicada a todos los órganos y entes de la Administración Pública Central y Descentralizada bajo la dependencia del Poder Ejecutivo. El Ministerio de Administración Pública (MAP) colaborará con la DIGEIG en la ejecución de estas disposiciones.
Entre las responsabilidades clave de la DIGEIG figura la evaluación mensual del cumplimiento de las obligaciones de transparencia activa (información publicada de oficio) y pasiva (respuestas a solicitudes ciudadanas).
Las instituciones deberán mantener un puntaje superior a 85 en los monitoreos trimestrales de transparencia. Aquellas que superen los 90 puntos serán reconocidas públicamente por su buen desempeño.
El decreto también exige que las instituciones públicas se alineen con los estándares de estandarización definidos por la DIGEIG y con las disposiciones de la Política Nacional de Datos Abiertos.
Esta iniciativa busca consolidar una cultura de apertura informativa en el sector público dominicano, garantizando el acceso de la ciudadanía a los datos y decisiones de sus instituciones.
