RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- Entre enero y septiembre de este año, el Gobierno Central ha ejecutado un gasto de 3,125 millones de pesos en alquileres de edificaciones y locales para el funcionamiento de diversas instituciones públicas, de acuerdo con los datos del Ministerio de Hacienda. Este presupuesto, que incluye los tres poderes del Estado y órganos extrapoder, resalta el peso económico de los arrendamientos en la administración pública dominicana.
En 1,215 contratos de hasta 30 años, el Poder Ejecutivo desembolsó al menos 1,638.8 millones de pesos entre septiembre de 2023 y octubre de 2024, de acuerdo con documentos de la Contraloría General de la República. Estos contratos abarcan renovaciones, adendas y nuevos acuerdos, con 673 contratos renovados, 223 adendas y 319 nuevos acuerdos.
Contratos millonarios
Entre los arrendamientos más destacados figura el de la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (Ogtic), que alquila la Torre Vista 311 por 10.7 millones de pesos mensuales.
Por su parte, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes renovó un contrato por 31 millones de dólares con el Banco de Reservas, que se pagará en 19 años. Solo en el último año, esta institución ha desembolsado 18.1 millones de pesos en siete pagos por este concepto.
Otras entidades también han optado por costosos alquileres: la Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias (DAEH) paga 2.9 millones de pesos mensuales por un edificio en Los Próceres; el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) realizó pagos de 4.3 millones mensuales durante los últimos 12 meses, y la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) invierte 1.7 millones al mes en otra propiedad ubicada en Naco.
Alquiler de almacenes y espacios comerciales
El Plan de Asistencia Social de la Presidencia, bajo su antigua denominación “Plan Presidencial contra la Pobreza”, invierte en el alquiler de cinco naves industriales, tres de las cuales representan un costo mensual de 4.3 millones de pesos.
Este gasto tiene como objetivo almacenar mercancías donadas a familias necesitadas, ascendiendo el presupuesto de esta institución en rentas a 103.3 millones de pesos.
El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) también destaca por sus gastos en almacenamiento, pagando 3.4 millones de pesos mensuales por un almacén en Pedro Brand en un contrato que totaliza 83.5 millones.
Los acuerdos más elevados
Edesur figura entre las empresas con mayores gastos en alquiler, con un pago mensual de 4 millones de pesos por su oficina en la avenida Rómulo Betancourt, en un acuerdo a cinco años por 243.5 millones de pesos. También destinó 2 millones de pesos al alquiler de un espacio para un punto expreso en la Autopista Duarte.
En su sede en la plaza Galería 360, Edesur renovó por cuatro años adicionales, con pagos de 529,000 pesos al mes, mientras que también tiene acuerdos en la plaza Occidental Mall por 4.4 millones de pesos en tres años, que cubren la instalación de una antena en la azotea del edificio.
Opiniones divididas sobre la política de alquiler
El enfoque del Estado en el alquiler de inmuebles en vez de la construcción o adquisición de propiedades propias genera debate. Para el economista Jaime Aristy Escuder, la opción de alquilar genera un ahorro significativo en flujo de efectivo, permitiendo al gobierno invertir en áreas estratégicas.
En su análisis, el economista argumenta que el alquiler de la Torre Vista 311 por parte de la Ogtic, con un costo de 1,207.7 millones de pesos en diez años, representa un ahorro de 727 millones de pesos comparado con una compra.
Por otro lado, el exgobernador del Banco Central, Guillermo Caram, critica esta política de arrendamiento, considerando que proyecta una imagen de “Estado inquilino” y podría contribuir al déficit fiscal. Según Caram, el alquiler de propiedades privadas podría ser percibido como un debilitamiento de la autoridad estatal y un aumento innecesario del gasto público.
El doctor en Derecho Administrativo, Rafael Dickson, sugiere que alquilar puede ser una estrategia viable si las negociaciones son justas y en condiciones óptimas para el Estado.
Propone considerar alianzas público-privadas, en las cuales el sector privado invierte en infraestructura y el Estado paga un alquiler con la opción de adquirir la propiedad al final del contrato. Además, aboga por centralizar la administración de los arrendamientos en una entidad que evalúe las necesidades de los inmuebles para optimizar costos.
En la rueda de prensa semanal, se le consultó al presidente Luis Abinader sobre los altos costos de arrendamiento, a lo que prefirió remitir la respuesta al director de la Ogtic, Bartolomé Pujals. Este defendió el contrato de la Torre Vista 311, argumentando que el edificio es propiedad del Banco de Reservas, lo que significa que las ganancias del alquiler benefician indirectamente al Estado.
