RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- El Gobierno dominicano dispuso la regulación de casinos en cruceros que operan en aguas nacionales. La medida quedó establecida mediante la Resolución Núm. 164-2026.
La normativa fue emitida por el Ministerio de Hacienda y Economía. Además, busca fortalecer el control financiero y aumentar la recaudación fiscal.
Tasas de entrada y pagos anuales
La resolución fija tarifas de entrada al mercado. Estas oscilan entre RD$1,000,000 y RD$1,500,000, según la capacidad del crucero.
Asimismo, se establecen pagos anuales. Estos pueden alcanzar hasta RD$800,000, dependiendo del número de mesas de juego operadas.
En consecuencia, el esquema crea una nueva fuente de ingresos para el Estado. También formaliza una actividad que carecía de regulación específica en el ámbito marítimo.
Fianza obligatoria y seguridad jurídica
Por otro lado, la normativa exige una fianza obligatoria de RD$20 millones. Este monto garantiza el cumplimiento de pagos, multas y premios a los jugadores.
De esta forma, se refuerza la seguridad jurídica del sector. Además, se incrementa la confianza en las operaciones vinculadas a los casinos en cruceros.
Impulso al turismo de cruceros
El Gobierno justificó la medida por el crecimiento sostenido del turismo marítimo. Esta actividad se consolida como un motor clave de la economía nacional.
En ese sentido, las autoridades buscan aprovechar la ubicación estratégica del país en el Caribe. El objetivo es atraer más cruceristas, inversiones y alianzas comerciales.
Condiciones para operar casinos a bordo
La resolución establece criterios específicos para operar. Por ejemplo, los casinos solo podrán funcionar en cruceros con más de 2,000 pasajeros.
Además, deberán realizar recorridos mínimos de seis horas en aguas nacionales. Estas condiciones buscan garantizar operaciones reguladas y controladas.
Controles contra lavado de dinero
Asimismo, la normativa refuerza la prevención del lavado de activos. Los operadores deberán cumplir con la Ley 155-17.
También estarán obligados a reportar operaciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero.
De igual forma, se restringe la participación de empresas vinculadas a jurisdicciones de alto riesgo. Esto sigue estándares internacionales como los del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Licencias y supervisión estatal
Finalmente, las licencias tendrán una vigencia de cinco años y serán intransferibles. Con esta medida, se limita la especulación en el sector.
Además, entidades como la Autoridad Portuaria Dominicana tendrán amplias facultades de supervisión. Estas incluyen inspecciones, acceso a documentos y control de reportes operativos.

