RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- En la República Dominicana, la necesidad de una reforma fiscal es incuestionable debido a un déficit gubernamental persistente en torno al 3 % anual, excepto en 2020 cuando llegó al 7.9 % del PIB debido a la pandemia de COVID-19.
Durante el primer trimestre del año, el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, anunció una reducción del déficit fiscal en RD$17,632.4 millones comparado con el mismo periodo de 2023, ubicándose en RD$38,193.3 millones, lo que representa el 0.5 % del PIB.
Este logro se atribuye a la mejora en el gasto público y a un aumento en los ingresos tributarios, que ascendieron a RD$292,675.3 millones, un 18.5 % más que el año anterior, debido a una economía dinámica y un esfuerzo significativo por parte de las agencias recaudadoras estatales.
El proyecto de reforma fiscal, que está en sus etapas finales y será presentado al Congreso, tiene como objetivo no solo aumentar los ingresos, sino también controlar el gasto público para evitar una futura presión tributaria.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y expertos como Magín Díaz destacan la importancia de esta reforma para mantener la estabilidad macroeconómica y facilitar el trabajo del Banco Central.
La reforma es vista como crucial para mejorar la situación financiera del gobierno, beneficiando sectores sensibles a la tasa de interés como la construcción.
Además, la reforma fiscal tiene implicaciones para la industria del ron, que ya sufrió con la reforma de 2012, la cual aumentó significativamente la carga tributaria, resultando en una caída de las recaudaciones y un aumento del mercado ilícito.
La Asociación Dominicana de Productores de Ron (Adopron) advierte sobre los riesgos de aumentar nuevamente los impuestos sobre el ron, sugiriendo que esto podría repetir los errores del pasado.
La reforma fiscal en la República Dominicana es una necesidad imperativa para asegurar una gestión financiera sostenible, mejorar la eficiencia del gasto público, y mantener la estabilidad económica del país.
“Hace 20 años no había mercado de capitales, que es lo que realmente necesita el sector construcción. El gobierno comenzó a emitir bonos desde 2009 y ya hay un mercado que funciona. Cada vez hay más instrumentos de largo plazo, lo que indica que hemos avanzado”, indicó Díaz.
“En país como éste las tasas de interés no pueden ser muy bajas porque se van los capitales fuera. Las tasas de interés de largo plazo van bajando en la medida en que el país va madurando en manejo macroeconómico y dependen del ahorro y la inversión en la economía”, afirma Magín Díaz.
Lo que el Banco Central hace, dice, es utilizarla como una herramienta para ajustar la economía, lo cual se hace porque hay un sector que no ahorra y ese es el gobierno, ya que siempre tiene déficit.
“Concretamente, a partir de esa reforma, se perdió un millón de cajas o 4 millones de litros de la industria formal. Las recaudaciones del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) fueron en 2016 menores a las de 2011 y al Gobierno le tomó al menos seis años controlar el mercado ilícito y el fraude”, resaltó Díaz.
La implementación de una reforma integral que aborde tanto los ingresos como los gastos públicos es crucial para evitar una mayor presión tributaria y garantizar el desarrollo económico a largo plazo.
