RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- El líder del partido Alianza País, Guillermo Moreno, calificó como “corrupción legalizada” las exoneraciones que reciben los legisladores para la importación de vehículos, una práctica que, según él, ha costado al Estado 4,879 millones de pesos en los últimos 14 años.
Moreno explicó que estas exoneraciones se originaron con una ley de 1966 que permitía a los legisladores importar un vehículo con un valor máximo de 3,000 dólares. Sin embargo, la reforma de 1996 amplió este privilegio, permitiéndoles importar hasta dos vehículos sin límite de valor.
Según el dirigente, esta modificación resultó en una tendencia alarmante: la importación de vehículos de lujo y deportivos, muchos de los cuales son revendidos, lo que considera una violación a la ley.
Entre 2010 y 2021, los legisladores importaron un total de 1,148 vehículos, lo que generó una pérdida al Estado de 2,649 millones de pesos en impuestos. En el período comprendido entre 2021 y 2024, se importaron 499 vehículos adicionales, lo que resultó en una pérdida de 2,140 millones de pesos, lo que para Moreno constituye un “acto de estafa en perjuicio del Estado”.
El rechazo de Alianza País
Moreno destacó que los legisladores de su partido, como Fidelio Despradel y Pedro Martínez, han rechazado estas exoneraciones como parte de su compromiso con la transparencia y la ética. “Sabemos que es una forma de corrupción legalizada, y por eso nuestros representantes no aceptan este privilegio”, afirmó el líder de Alianza País.
La denuncia de Moreno se dio en el contexto de una investigación publicada por el periódico Diario Libre, que expuso abusos e irregularidades en el uso de este beneficio por parte de los legisladores.
El líder de Alianza País instó al Ministerio Público a investigar las ventas fraudulentas de vehículos importados bajo este esquema, señalando que estos actos constituyen un mecanismo de enriquecimiento ilícito. Asimismo, hizo un llamado al Partido Revolucionario Moderno (PRM), que tiene mayoría en el Congreso, para que elimine este tipo de exoneraciones.
“Es una oportunidad de moralizar la labor legislativa y acabar con una práctica reñida con la ley”, afirmó Moreno, quien también reconoció que eliminar este privilegio requeriría un ejercicio de voluntad política por parte de los propios legisladores, quienes tendrían que legislar para renunciar a este beneficio.
Con su postura, Guillermo Moreno continúa haciendo un fuerte llamado a la transparencia y la ética en el uso de los recursos públicos, señalando las exoneraciones como un reflejo de la corrupción institucionalizada que afecta a la República Dominicana.
