RDÉ DIGITAL, HAITÍ (EFE).- Haití llega este 7 de febrero a su cuarto año sin un gobierno elegido en las urnas, en un contexto de crisis humanitaria, inseguridad y una frágil estabilidad política.
La fecha, que tradicionalmente marcaba investiduras presidenciales o discursos de gestión, se ha convertido en un símbolo de protestas, violencia y tensiones, con el país aún sumido en la incertidumbre sobre su futuro.
El Consejo Presidencial de Transición (CPT), instaurado tras la salida del primer ministro Ariel Henry en 2024, ha prometido elecciones generales para este 2025 y un referéndum para reformar la Constitución.
Sin embargo, la grave crisis de seguridad, con gran parte de Puerto Príncipe controlada por bandas armadas, plantea serias dudas sobre la viabilidad del proceso electoral.
Desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021, Haití ha enfrentado un deterioro progresivo en la seguridad. A pesar del despliegue de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad en Haití (MSS), liderada por Kenia desde junio de 2024, las bandas armadas han ampliado su dominio territorial, intensificando ataques, secuestros y desplazamientos forzados.
Miles de personas han huido de sus hogares, refugiándose en campamentos sin acceso a servicios básicos, mientras otros buscan emigrar a países como Estados Unidos y México. Además, las autoridades judiciales han emprendido una serie de detenciones contra funcionarios y policías acusados de vínculos con grupos criminales.
El CPT trabaja en la contratación de personal para las oficinas electorales y ha enviado un calendario electoral a las autoridades, pero la inseguridad sigue siendo un obstáculo clave.
Con las bandas controlando cerca del 85 % de Puerto Príncipe, el desarrollo de elecciones libres y seguras es incierto.
