RDÉ DIGITAL, HAITÍ (EFE).- Un año después de que Ariel Henry anunciara su renuncia como primer ministro de Haití, el país sigue atrapado en una crisis profunda que no muestra signos de mejora. La situación política, social y de seguridad continúa empeorando, mientras que los esfuerzos por restablecer el orden y la estabilidad se encuentran estancados.
En abril de 2024, se formalizó la creación del Consejo Presidencial de Transición (CPT), conforme al acuerdo político de las negociaciones entre los partidos y las organizaciones de la sociedad civil. A pesar de esta medida, Haití sigue sin una salida clara a su crisis, ya que el país no ha logrado restaurar ni la seguridad ni la paz.
La dimisión de Henry, anunciada mientras él se encontraba en una misión en Kenia, ocurrió en medio de un ataque sin precedentes de las bandas armadas del grupo Vivre Ensemble, dirigido por Jimmy Chérizier, alias ‘Barbecue’. Estos grupos, responsables de actos de violencia extrema, continúan expandiendo su control, agravando la inseguridad en Puerto Príncipe y otras áreas del país.
La violencia sigue siendo la protagonista del país. Al menos el 85 % del área metropolitana de Puerto Príncipe está bajo el control directo o indirecto de pandillas, que siguen tomando territorios y cometiendo actos de violencia como asesinatos, violaciones y robos. La policía nacional, las Fuerzas Armadas de Haití y la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS) no han logrado frenar este avance.
Además, la crisis humanitaria se ha intensificado. Con más de un millón de desplazados y condiciones de vida extremas en campamentos improvisados, Haití enfrenta una de las peores crisis de su historia reciente. La inseguridad ha dificultado el acceso a servicios básicos como agua, atención médica y alimentos, lo que ha incrementado los índices de pobreza y hambre.
La crisis económica también se profundiza con el aumento de la inflación y el incremento de los precios de productos esenciales debido a los peajes impuestos por las pandillas en las rutas comerciales. En un contexto de inseguridad y falta de trabajo, muchas empresas privadas han cerrado, lo que ha contribuido a la contracción económica.
Aunque el acuerdo político estipula que el proceso de transición debería concluir en 2026 con la elección de nuevas autoridades, muchos dudan de que este objetivo se pueda cumplir, dadas las condiciones actuales de violencia y caos. En 2024, la violencia se ha cobrado más de 5.600 vidas, lo que resalta la urgencia de una solución efectiva.
