RDÉ DIGITAL SANTO DOMINGO.- A las 11:00 de la mañana de hoy, el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional analizará la solicitud de medida de coerción contra varios exfuncionarios implicados en el último escándalo de corrupción del Gobierno, relacionado con la operación denominada “Camaleón”. Esta operación investiga una presunta red de corrupción en el proceso de licitación en el que la empresa Transcore Latam adquirió el manejo de la red semafórica del Gran Santo Domingo.
Los implicados incluyen a Hugo Beras, exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT); Frank Díaz Warden, coordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras del INTRANT; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de tecnología del INTRANT; el empresario José Ángel Gómez Canaán (conocido como “Jochi”), propietario de Aurix S.A.S.; Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del INTRANT y Carlos José Peguero Vargas.
El Ministerio Público investiga a los imputados por conductas tipificadas en varios artículos de la Constitución y el Código Penal dominicano, que incluyen la proscripción de la corrupción, uso de documentos privados, desfalco, asociación de malhechores y estafa en perjuicio del Estado. También se encuentran bajo análisis violaciones a leyes sobre crímenes y delitos de alta tecnología, comercio ilícito y lavado de activos.
La procuradora de corte, Mirna Ortiz, presentó la solicitud de medida de coerción, asegurando que cuenta con elementos suficientes para que el tribunal la acepte y declare la complejidad del proceso.
Según el documento del Ministerio Público, que abarca 304 páginas, la gravedad de los hechos imputados podría conllevar penas de hasta 20 años de prisión. El relato expone que Beras utilizó su cargo para adjudicar contratos de manera fraudulenta, mientras que Gómez se benefició económicamente, operando empresas que sirvieron como vehículos para el desvío de fondos públicos, todo bajo un aparente manto de legalidad, pero fundamentado en falsificación de documentos y abuso de poder.
Entre las acusaciones contra Jochi Gómez, se destacan cinco violaciones graves a la ley:
1. Empresas de fachada: Gómez Canaán fue el principal beneficiario de la corrupción, utilizando empresas como Transcore Latam S.R.L. y Aurix S.A.S. para obtener contratos estatales millonarios sin cumplir requisitos legales.
2. Usurpación de identidad: Para que Transcore Latam S.R.L. fuera adjudicada, Gómez usurpó la identidad de la empresa estadounidense TransCore LP, creando documentación falsa que simulaba ser una filial.
3. Lavado de activos: una vez adjudicado el contrato, Gómez desvió el dinero del Estado a cuentas vinculadas a INPROSOL S.R.L., blanqueando fondos ilícitos.
4. Sabotaje de la red semafórica: Gómez fue acusado de sabotear el sistema de semáforos, causando caos en el tránsito de Santo Domingo, un acto que se considera terrorismo contra infraestructuras críticas.
5. Acceso ilegal a tecnología de defensa: Gómez obtuvo contratos de forma ilegal para adquirir tecnología reservada para las agencias de inteligencia y defensa del Estado, utilizándola para actividades ilícitas.
Por su parte, Hugo Beras enfrenta las siguientes acusaciones:
1. Adjudicación fraudulenta de contratos: Durante su mandato, Beras dirigió la asignación de contratos millonarios a empresas que no cumplían requisitos, favoreciendo a Transcore Latam S.R.L. y Aurix S.A.S.
2. Inflación del presupuesto: Beras infló el presupuesto para modernizar el sistema de semáforos y videovigilancia del Gran Santo Domingo, sin justificación técnica, desviando más fondos hacia la red de corrupción.
3. Manipulación del proceso de licitación: Junto a sus colaboradores, diseñó un pliego de condiciones a medida de Transcore Latam S.R.L., presentándolo sin la participación del Comité de Compras.
4. Falsificación de documentos: Beras autorizó la creación de documentos falsificados que aseguraban la correcta entrega de bienes y servicios, cuando en realidad no se habían ejecutado.
El tribunal decidirá sobre la solicitud de medida de coerción y la complejidad del caso, el cual resalta la gravedad de los hechos imputados a estos exfuncionarios.
