RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.– La República Dominicana atraviesa una crisis estructural silenciosa pero devastadora: el contrabando de cigarrillos, alcohol y medicamentos. Lejos de ser un fenómeno marginal, el comercio ilícito ha crecido a niveles que comprometen la estabilidad fiscal, el empleo formal y, en casos dramáticos, la vida de los ciudadanos.
Solo entre 2021 y el primer semestre de 2025, las autoridades dominicanas decomisaron mercancías ilegales por un valor estimado de RD$4,500 millones en evasión fiscal, según datos de la Dirección General de Aduanas (DGA), el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles (CECCOM), organismos de salud y gremios industriales. Sin embargo, este logro no basta. A pesar de los operativos, el 30 % del mercado de cigarrillos continúa en manos del comercio ilegal, alimentado por redes nacionales y extranjeras con rutas bien establecidas.
Auge y mutación del contrabando: de ajo a cigarrillos adulterados
El contrabando no es nuevo en el país, pero ha mutado. Lo que en décadas pasadas eran cargamentos agrícolas, como el ajo en la frontera norte, hoy son contenedores con cigarrillos sin registros, clerén adulterado y medicamentos falsificados.
Según el investigador Andrés Espinal, de Philip Morris, el repunte del contrabando de cigarrillos se aceleró tras las reformas fiscales de 2013. Desde entonces, el volumen del comercio ilícito creció a 240 millones de unidades en 2023, con pérdidas superiores a RD$2,000 millones anuales para la industria tabacalera, y un mercado paralelo cada vez más consolidado.
Fronteras vulnerables, métodos sofisticados
La frontera con Haití es la principal vía de entrada. Los contrabandistas aprovechan su topografía y la debilidad del control fronterizo para introducir productos en vehículos camuflados, a caballo o mediante embarcaciones ligeras. Los puntos críticos incluyen Dajabón, Elías Piña, puertos y aeropuertos donde operan redes coordinadas a nivel nacional.
Las incautaciones recientes lo evidencian: entre octubre de 2023 y junio de 2025, CESFRONT y el Ejército incautaron más de 6.9 millones de cigarrillos ilegales. En marzo de 2025, la DGA destruyó 19.1 millones de unidades valoradas en RD$150 millones.
El costo humano: plomo, alquitrán y muertes
Más allá del impacto económico, los productos ilegales representan un riesgo letal. Estudios independientes han revelado que los cigarrillos falsificados contienen hasta seis veces más plomo y 160 % más alquitrán que los legales. En cuanto al alcohol adulterado, el Ministerio de Salud Pública confirmó que en 2021 murieron más de 140 personas en un solo mes tras consumir clerén contaminado.
En el ámbito farmacéutico, Pro Consumidor y Salud Pública han clausurado docenas de farmacias ilegales. Solo en 2022 se incautaron más de 10 millones de unidades de medicamentos adulterados. Este tipo de falsificaciones afecta tratamientos, envenena pacientes y mina la confianza en el sistema de salud.
Las redes: crimen organizado y fachada empresarial
El contrabando no es obra de improvisados. Está orquestado por organizaciones delictivas mixtas: bandas haitiano-dominicanas en la frontera, estructuras transnacionales en la farmacéutica (destacando una red venezolana desmantelada en 2019) y empresas fachada con aparente legalidad.
La CECCOM reportó más de 900 operativos entre 2021 y 2022, que derivaron en la incautación de 280 millones de cigarrillos ilegales. Sin embargo, las condenas judiciales han sido escasas, y las bandas se mutan con rapidez, aprovechando fisuras legales y procesos judiciales lentos.
Legislación vigente: letra firme, aplicación débil
El arsenal legal dominicano contempla sanciones severas. La Ley 17-19, la Ley General de Salud 42-01 y la Ley de Aduanas 168-21, que castigan el comercio ilícito con multas millonarias y prisión.
Pero en la práctica, pocas veces se aplican sanciones ejemplares. Casos como la farmacia clandestina de Salcedo (2025) rara vez concluyen con condenas firmes. La impunidad, aliada del contrabando, continúa minando los avances institucionales.
Empresarios y autoridades: advertencias y llamados de auxilio
Desde la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), su presidente Celso Marranzini advierte que el contrabando “afecta el empleo formal y la sostenibilidad de la industria”. El gremio de productores de ron, ADOPRON, ha denunciado que lo incautado como “ron adulterado” en realidad es clerén, una bebida sin regulación alguna.
La Asociación Dominicana de la Industria del Cigarrillo (Asocigar) también ha denunciado que esta competencia desleal amenaza la producción nacional. La multinacional Philip Morris y productores locales insisten en la urgencia de aplicar la ley y proteger la industria nacional.
Cooperación internacional y tecnología como escudo
En abril de 2025, el país participó en la 2.ª Cumbre de Directores de Aduanas de América en Cartagena, Colombia, con el objetivo de mejorar la inteligencia regional, estandarizar controles y firmar acuerdos bilaterales. En paralelo, el gobierno dominicano instauró la Mesa Nacional de Ilícitos, liderada por el presidente Luis Abinader, y ha instalado escáneres no intrusivos en puertos estratégicos.
A nivel sanitario, Pro Consumidor ha clausurado establecimientos ilegales y reforzado las campañas de concienciación pública. Pero la prevención no ha sido suficiente para frenar la expansión del mercado ilegal.
El desafío pendiente: voluntad política y reforma integral
El comercio ilícito ha evolucionado en estructura, volumen y sofisticación. Frente a ello, las autoridades han mostrado esfuerzos notables pero insuficientes. Mientras las mafias detectan y aprovechan cada fisura institucional, el Estado pierde cada año más de RD$3,000 millones en impuestos, mientras peligra la vida de los consumidores más vulnerables.
Lo que se necesita va más allá de decomisos puntuales. Requiere un pacto nacional: legislación efectiva, sanciones ejemplares, cooperación binacional, controles fronterizos blindados y una estrategia de comunicación que eduque al consumidor.
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¿Qué sigue?
El comercio ilícito ha evolucionado en estructura, volumen y sofisticación. A pesar de operativos interinstitucionales, decomisos millonarios y campañas de concienciación, las redes criminales siguen activas. Urge una respuesta más firme: aplicar la ley, cerrar las brechas en frontera y educar a los consumidores para combatir el contrabando desde todos los frentes.
Conclusión
El contrabando en la República Dominicana no es una actividad marginal ni un problema aislado. Es una amenaza sistémica que impacta la salud, la economía y la soberanía fiscal. Combatirlo exige más que operativos: requiere justicia, coherencia institucional y voluntad política. De no actuarse con firmeza, el mercado legal será cada vez más débil, y las mafias seguirán ganando terreno en un país que no puede permitirse perder ni un centavo más.
Fuentes: Dirección General de Aduanas, Ministerio de Salud Pública, CECCOM, AIRD, Asocigar, ADOPRON, Pro Consumidor, TRACIT, Diario Libre, Listín Diario, Policía Nacional, informes internacionales de aduanas.
