RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- Los impuestos aplicados a los combustibles continúan siendo una de las principales fuentes de ingresos del Gobierno Central en la República Dominicana, aunque su proporción dentro de las recaudaciones totales ha disminuido en los últimos años.
El año pasado, los impuestos a los combustibles representaron el 8.4% de los ingresos totales del Gobierno, comparado con el 9.3% del año anterior (2022). Aunque esta ponderación ha bajado, las recaudaciones por esta vía han aumentado, aunque en una proporción menor en comparación con el incremento general de los ingresos.
En el 2023, las recaudaciones totales del Gobierno Central alcanzaron los RD$1 billón 71,686.9 millones, un aumento del 12.3% con respecto al año anterior. Por otro lado, las recaudaciones por impuestos a los combustibles sumaron RD$90,839.8 millones, un incremento del 1.2% en comparación con 2022.
La Ley 112-00 de Hidrocarburos establece dos impuestos principales sobre los combustibles: un impuesto adValorem del 16% y un cargo fijo, junto con otros dos gravámenes adicionales. Estos impuestos representan una de las principales fuentes de ingresos del Estado, proporcionando aproximadamente una décima parte de sus recaudaciones totales.
A pesar de los esfuerzos por modificar la legislación para mitigar el impacto de los altos precios internacionales del petróleo en los consumidores, las propuestas han tenido poco efecto, ya que implicarían un sacrificio fiscal considerable para el Gobierno.
En lugar de modificar los esquemas impositivos, el Gobierno ha optado por establecer un fondo de compensación para congelar temporalmente los precios de los combustibles y evitar aumentos bruscos en el mercado interno. Esto ha permitido mantener un balance positivo para el Estado, con ingresos por impuestos a los combustibles que superan los costos de compensación.
Sin embargo, persisten desafíos en la utilización de los recursos recaudados, especialmente en lo que respecta al destino de los fondos destinados a la rehabilitación y reestructuración del transporte público, que continúan siendo utilizados para gastos generales del Gobierno.
