Por Jeimy Moquete
RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) expresó este martes su satisfacción por la aprobación en primera lectura del Proyecto de Ley de Alimentación y Nutrición Escolar en la Cámara de Diputados. Esta iniciativa ha sido impulsada por el Inabie junto a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), con el respaldo de varios legisladores.
Según una nota de prensa, Víctor Castro, director del Inabie, valoró este paso legislativo y reafirmó su confianza en que la propuesta, promovida desde 2023 por el Frente Parlamentario Contra el Hambre, el Inabie y la FAO, será finalmente convertida en ley, dada su trascendencia para el bienestar de los estudiantes del sistema educativo.
Castro instó al Senado a dar prioridad al proyecto cuando este llegue a su hemiciclo, destacando su vinculación con el plan presidencial Hambre Cero.
El proyecto legislativo propone que los alimentos escolares sean preparados en los propios centros educativos, bajo el acompañamiento de los suplidores. Además, busca garantizar el acceso a agua potable en todas las escuelas, fomentar la educación alimentaria y nutricional, y prohibir la venta de alimentos ultraprocesados dentro de las instituciones.
El proyecto había sido aprobado en ambas lecturas por la Cámara de Diputados el año pasado, pero perimió al no ser conocido por el Senado. Por ello, fue reintroducido y discutido nuevamente en la actual legislatura.
Participación amplia y enfoque multisectorial
La propuesta es resultado de un proceso participativo que integró al Inabie, la FAO, el Frente Parlamentario Contra el Hambre, el Centro de Investigación y Promoción Social (Cipros), así como a más de veinte actores nacionales de los sectores salud, educación, nutrición, agricultura, contrataciones públicas y organizaciones de la sociedad civil.
También se tomaron en cuenta normativas locales e internacionales en materia de alimentación escolar.
El proyecto de ley se compone de 83 artículos distribuidos en doce capítulos, con el objetivo de establecer un marco legal que garantice el derecho a la alimentación y nutrición de los estudiantes del sistema educativo nacional, tanto público como privado. No obstante, las disposiciones relativas al Programa de Alimentación Escolar aplicarán exclusivamente a los centros públicos autorizados por el Ministerio de Educación.
De ser aprobado, la República Dominicana se sumaría al grupo de países latinoamericanos con mayor respaldo legislativo en materia de alimentación escolar, consolidando una política pública clave para el desarrollo infantil y la equidad educativa.
