RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.– El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) destaca la importancia de la alimentación escolar en las finanzas de los hogares beneficiados y en la economía nacional. Este esfuerzo se realiza con un presupuesto que equivale al de 18 ministerios (33,081 millones de pesos).
La entidad ha devengado aproximadamente el 83 % de su presupuesto (27,612.9 millones de pesos) gracias a una estrategia de supervisión y auditoría interna que ha optimizado el gasto. Su director ejecutivo, Víctor Castro, aseguró que se está pagando el 20 % por adelantado a los suplidores, lo que refleja un compromiso con la eficiencia.
Castro se reunió con periodistas del área económica para detallar la ejecución presupuestaria y las mejoras implementadas en el servicio. La entidad ha establecido un esquema de indicadores para cada uno de sus servicios: salud escolar, utilería y alimentación. Esta última recibe la mayor parte del presupuesto, con valores devengados de 281 millones de pesos en salud escolar, 4,463 millones en utilería y 26,068 millones en alimentación.
La directora financiera del Inabie, Rosaura Brito, informó que la entidad cuenta con 2,136 empresas suplidoras de alimentos escolares, las cuales abastecen a 6,908 centros educativos a nivel nacional, de los cuales 5,446 operan con jornada extendida. La distribución de los suplidores incluye 1,588 cocinas, 10 plantas procesadoras de leche, 258 panaderías, 137 empresas de alimentos crudos y 143 empresas de textiles y calzados.
El 95 % de estos suplidores son micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) locales, que adquieren sus insumos en fincas y negocios cercanos, generando un dinamismo económico indirecto. Además, el 50 % de estas Mipymes están lideradas por mujeres. Castro enfatizó que las compras locales de guineo, huevo, frutas y vegetales se realizan en diversos comercios del país, destacando que “en un día adquirimos dos millones de guineos, producidos en fincas del país”.
El Inabie distribuye insumos para aproximadamente dos millones de beneficiarios en el sector público, incluyendo estudiantes, maestros y personal auxiliar. De esta población, 720,000 familias reciben alguno de los servicios de escolaridad pública. Esta iniciativa no solo apoya la alimentación escolar, sino que también impulsa la economía local y el bienestar de las comunidades.
