RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- El Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados, Decomisados y en Extinción de Dominio (INCABIDE), informó este miércoles que recaudó RD$562,835,000 durante su primera subasta pública realizada bajo las disposiciones de la Ley 60-23 sobre Extinción de Dominio.
La entidad explicó que durante la jornada fueron vendidos 100 bienes muebles e inmuebles de los 143 disponibles en el proceso, alcanzando una efectividad de venta de 68 %.
Más de 50 inmuebles fueron adjudicados
Según detalló el organismo, del total de bienes vendidos, 52 correspondieron a inmuebles y 48 a bienes muebles.
Las ventas de inmuebles representaron RD$550,170,000, mientras que los bienes muebles totalizaron RD$12,665,000.
Bienes pendientes y proceso de disposición
El Incabide informó además que cuatro bienes fueron declarados desiertos durante la subasta, mientras que otros 43 quedaron pendientes para futuras fases del proceso de disposición, conforme a los procedimientos establecidos por la normativa vigente.
La institución destacó la participación de ciudadanos y empresas interesadas en el proceso, el cual aseguró que fue desarrollado bajo criterios de transparencia, legalidad y organización institucional.
Primera subasta bajo la Ley 60-23
Con esta jornada, el organismo realizó oficialmente su primera subasta pública desde la entrada en vigor de la Ley 60-23 sobre Extinción de Dominio.
La entidad afirmó que el objetivo es garantizar la correcta administración de bienes incautados, decomisados y en extinción de dominio mediante mecanismos transparentes y eficientes.
Asimismo, sostuvo que este tipo de procesos busca fortalecer la gestión institucional del Estado dominicano en materia de administración de activos decomisados.
Transparencia y administración estatal
El Incabide reiteró que continuará desarrollando procesos de disposición de bienes conforme a las normas legales vigentes y bajo supervisión institucional.
La entidad no descartó futuras subastas públicas como parte de la estrategia para administrar activos vinculados a procesos judiciales y de extinción de dominio en República Dominicana.
