RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.– El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) ha adjudicado contratos de asesoría legal externa por más de RD$6,284 millones, en un esfuerzo por resolver tareas legales que han permanecido incompletas durante más de dos décadas.
La medida incluye dos licitaciones claves publicadas el 26 de mayo de 2025, ambas bajo la modalidad de procedimiento de excepción. La primera contempla la contratación de un abogado especialista en derecho de telecomunicaciones para la renegociación y formalización de concesiones pendientes desde el año 2000, por un monto de RD$4,488,720 y una duración de seis meses. La segunda, con un minuto de diferencia en su publicación, adjudica RD$1,795,844 para la defensa legal del INDOTEL ante una demanda interpuesta por la empresa TERRAFINA, SRL, con vigencia de tres años.
Un problema estructural y costoso
Un informe interno justifica la medida, indicando que entre 2020 y 2024 se formó una comisión especial dentro del INDOTEL para tratar de avanzar en este proceso. Sin embargo, dificultades para contactar concesionarios y retrasos en la definición de obligaciones regulatorias impidieron culminar los contratos. A pesar de ciertos avances, como la firma de varias concesiones, un número indeterminado de contratos aún permanece sin formalizar.
Según el mismo documento, existen concesionarias que desde hace 25 años operan sin contratos definitivos o sin las adendas requeridas para ampliar sus servicios o cobertura geográfica. Esta situación no solo representa una laguna jurídica significativa, sino que ha llevado al INDOTEL a asumir costos millonarios para resolver tareas que debieron completarse hace décadas.
El retorno del exdirector jurídico
La decisión ha generado polémica al conocerse que uno de los principales recomendados para liderar este proceso es un exdirector jurídico de la institución (2019–2023), el mismo funcionario bajo cuya gestión tampoco se logró completar el proceso de concesiones. El informe lo propone ahora como asesor externo, encargado de resolver en un año lo que no se solucionó en cuatro.
Este enfoque ha encendido cuestionamientos sobre la eficacia institucional, el manejo de recursos públicos y la transparencia en los procesos administrativos del órgano regulador.
Mientras tanto, el INDOTEL mantiene sin resolver decenas de contratos clave para la operación legal de las telecomunicaciones en el país, en un contexto donde se prioriza la transformación digital, pero se arrastra un rezago normativo de más de un cuarto de siglo.
