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Industria avícola dominicana aporta RD$60,000 millones al PIB

Sector avícola descarta escasez de pollo en RD

RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- La industria avícola dominicana ha duplicado su aporte al Producto Interno Bruto (PIB) en la última década, pasando de RD$30,000 millones a RD$60,000 millones, además de contribuir significativamente a la seguridad alimentaria nacional, según la Asociación Dominicana de Avicultura (ADA).

Desafíos y competitividad

Los directivos de la ADA, Pavel Concepción, presidente, y Miguel Lajara, vocal, enfatizaron que el mayor desafío del sector es mantener su competitividad frente a la posible competencia desleal, especialmente ante negociaciones de un tratado de libre comercio con los países del Mercosur.

“Es fundamental que el Estado proteja la producción local para garantizar el desarrollo sostenido de la industria avícola”, señalaron.

Producción y empleo

La industria avícola local ha logrado la autosuficiencia en pollos y huevos, apoyada por inversión tecnológica, prácticas de bioseguridad y demanda constante del consumidor.

  • 400 productores de huevos y 1,000 productores de pollos
  • 11 plantas procesadoras
  • Aproximadamente 7,000 picadores en la comercialización de pollos
  • Producción de huevos: 8,400 unidades por minuto

La industria genera empleo directo e indirecto en la recolección, traslado y procesamiento, consolidando su aporte a la economía dominicana.

Exportaciones y estándares internacionales

La industria exporta 20 % de la producción de huevos, con un valor de RD$21,000 millones aportado a la economía. Los principales mercados incluyen Haití, Cuba, Aruba, Bahamas, Saint Martín y Guyana, cumpliendo con normas fitosanitarias internacionales.

El mercado más relevante es Haití, con más de 300 millones de unidades exportadas. La ADA destacó que el precio de venta se mantiene accesible, rondando RD$10 por unidad, y que la cadena de distribución garantiza frescura para los consumidores.

Perspectivas del sector

Los directivos recordaron que la industria debe enfrentar retos derivados de acuerdos internacionales que podrían generar competencia desleal, y reiteraron la necesidad de políticas estatales que protejan la producción nacional, asegurando así precios estables, empleo y calidad alimentaria.

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