RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- Un grupo de ingenieros pertenecientes al Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia) protestó recientemente ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), exigiendo la reactivación de 92 expedientes de contratistas con pagos pendientes desde finales de los años 90.
Los manifestantes denunciaron la presunta desaparición de documentos clave que respaldan los contratos y las ejecuciones de obras, señalando al Ministerio de Vivienda y al Ministerio de Hacienda como responsables de la pérdida de esos archivos.
Según afirmaron, la falta de respuesta institucional ha impedido que los profesionales cobren por trabajos realizados hace más de dos décadas.
En respuesta, el presidente Luis Abinader reconoció que parte de estas deudas las saldaron durante su mandato, siempre que los expedientes cuenten con la documentación legal correspondiente.
Sin embargo, aclaró que es imposible autorizar pagos en los casos donde no existen pruebas contractuales.
“De los que no se tiene soporte, aunque uno quisiera favorecer a ingenieros que lo hicieron, es difícil, porque no es dinero nuestro, es dinero del gobierno”, expresó Abinader durante una intervención reciente, enfatizando que la administración pública debe actuar bajo criterios de legalidad y transparencia.
El caso ha reavivado el debate sobre la gestión documental en el Estado y la falta de mecanismos efectivos para proteger la memoria institucional.
Mientras el Codia solicita una revisión exhaustiva y la localización de los expedientes extraviados, el Gobierno mantiene su postura de que solo se procesarán aquellos casos que cuenten con respaldo legal verificable.
La protesta ante la PEPCA sugiere también que los ingenieros consideran que podría haber responsabilidad administrativa o penal en la pérdida de los documentos, aunque hasta el momento no se ha iniciado ninguna investigación formal pública sobre el tema.
