RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- Carlos Pimentel, director de Compras y Contrataciones Públicas (DGCP), informó que alrededor de 400 proveedores del Estado han sido inhabilitados debido a la emisión de documentación falsa y otras infracciones descubiertas durante el proceso de recepción de ofertas. Esta revelación pone de manifiesto la necesidad de preservar la integridad del sistema de compras, destacando la importancia del papel desempeñado por el órgano rector, las 538 unidades contratantes y los propios proveedores.
Pimentel alertó sobre proveedores que participaron con documentación fraudulenta, incluyendo registros mercantiles y declaraciones de impuestos falsas. En respuesta a estas violaciones, la DGCP se ve obligada a tomar medidas contundentes para salvaguardar la transparencia en el proceso de contratación pública.
El director anunció que la lista de proveedores sancionados se hará pública en el portal transaccional de la entidad, adjuntando las resoluciones correspondientes con detalles y motivaciones. Este paso busca cumplir con las disposiciones legales que exigen la transparencia en estos casos. Hasta el momento, se contabilizan alrededor de 400 proveedores afectados por sanciones que van desde inhabilitaciones temporales hasta permanentes.
Pimentel subrayó que en la DGCP no existe “silencio administrativo”, asegurando que todas las solicitudes de investigación presentadas han recibido una decisión del orden correspondiente. Además, destacó que de los 160 casos en instancias jurisdiccionales, el 75% ha sido fallado a favor de la entidad, indicando la rigurosidad en la aplicación de las normativas.
En cuanto a los recursos administrativos, se informó que durante el 2021 y 2022 se registraron 51 casos, en el 2023 un total de 31, y en lo que va del 2024 se tienen 14 casos pendientes. Pimentel detalló que estos recursos abarcan diversas categorías, como recursos de tasación, medidas cautelares y desistimientos.
Además de la inhabilitación permanente, la DGCP ha remitido las infracciones detectadas a la Procuraduría de Régimen Tributario y otros organismos competentes, buscando una acción integral ante estas prácticas ilícitas. Este revelador panorama subraya la necesidad continua de vigilancia y aplicación rigurosa de las normativas en el ámbito de las contrataciones públicas para garantizar la transparencia y la legalidad en estos procesos.
