RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- Este jueves 8 de mayo se celebró la primera reunión oficial de la Comisión para la Planeación y Coordinación de la Disolución del Instituto Agrario Dominicano (IAD), organismo que será absorbido por el Ministerio de Agricultura como parte de un plan de reorganización institucional impulsado por el Poder Ejecutivo mediante el decreto 115-25.
El encuentro tuvo lugar en la sede del Ministerio de Agricultura y estuvo encabezado por su titular, Limber Cruz, junto al ministro de Administración Pública, Sigmund Freund; el comisionado para las Reformas del Estado, Darío Castillo; y el director del IAD, Francisco Guillermo García García.
Durante la reunión, los integrantes de la comisión discutieron los primeros pasos para la transferencia ordenada de las funciones, atribuciones y competencias del IAD al Ministerio de Agricultura.
La reestructuración busca reforzar la política nacional de reforma agraria como base para un desarrollo rural sostenible.
El ministro Cruz destacó que el objetivo del proceso es consolidar los avances alcanzados en materia de reforma agraria. “Lo que hemos discutido en esta reunión es precisamente seguir mejorando los logros que ha obtenido la reforma agraria en República Dominicana”, expresó.
Por su parte, Sigmund Freund aseguró que el proyecto se ejecutará con cautela para preservar los derechos adquiridos y asegurar la continuidad de los programas.
“Esto no tiene ninguna prisa, esto se va a llevar de la manera que sea necesaria para garantizar los programas del IAD y los derechos de los parceleros”, indicó.
Uno de los puntos sensibles del proceso será la reducción de personal, aunque las autoridades no han precisado cifras ni cronogramas.
El ministro Cruz informó que los empleados del IAD ya han sido clasificados en grupos, y que se contemplan pensiones para quienes estén en edad de retiro, padezcan condiciones que limiten su desempeño o no ejerzan funciones definidas.
Las autoridades reiteraron que la integración del IAD al Ministerio de Agricultura forma parte de una estrategia para optimizar los recursos del Estado, mejorar la gestión del sector agropecuario y robustecer las capacidades institucionales en el ámbito rural.
