RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- El presidente del Instituto Duartiano, Winston Gómez Ramírez, criticó este miércoles como infame y falaz informe el informe anual sobre el país del Departamento de Estado de los Estados Unidos, en el que denuncia en el ámbito migratorio la supuesta expulsión masiva de haitianos y alegados apátridas de ascendencia de esa nación, con estatus legales en el territorio nacional.
En una reunión con directivos, realizada este miércoles en la sede de ese organismo patriótico, Gómez Ramírez afirmó que “una vez más ese informe vuelve a hacer acusaciones infundadas contra nuestro país, y hace demandas que los propios Estados Unidos se niegan a cumplir, ya que ellos deportan a los haitianos a su país de origen, bajo métodos y prácticas muchas veces inhumanas”.
El presidente del Instituto Duartiano señaló que estas afirmaciones se basan en informes interesados de activistas de un sector de la diáspora haitiana radicada aquí y de malos dominicanos que sirven a organismos internacionales y se oponen a los intereses nacionales.
Consideró que es una conducta deshonrosa y condenable que, en el caso de estos últimos, está penalizada en el artículo 76 del Código Penal que establece que toda persona que, desde el territorio de la República, se ponga de acuerdo con Estados extranjeros, sus agentes o con cualquier institución para hostilizar, será castigada con la pena de treinta años de trabajos públicos.
Subrayó que es inaceptable que una nación como la estadounidense, a la cual se le atribuye ser respetuosa de los principios que rigen a otros países, sea precisamente la que intenta ignorar el principio fundamental de no intervención en los asuntos internos de otro Estado, que, en el caso dominicano, está expresamente protegido por el artículo 3 de su Constitución Política, el cual establece que los poderes públicos no pueden permitir actos que constituyan una intervención en los asuntos internos de la República Dominicana.
Gómez Ramírez afirmó que “contrariamente a las pretensiones del Departamento de Estado y otras instancias, incluidos organismos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Organización de Estados Americanos (OEA), a la República Dominicana le corresponde el derecho absoluto de llevar a cabo acciones enérgicas para hacer cumplir su ordenamiento legal, especialmente la aplicación de las leyes migratorias, que constituyen una expresión vigorosa destinada a proteger su soberanía”.
El presidente del Instituto Duartiano instó a las autoridades migratorias a tomar medidas adicionales para evitar el continuo ingreso masivo de nacionales haitianos hacia nuestro país, y a enfrentar con decisión a los grupos de delincuentes que están burlando los controles militares y los puntos de control interagenciales instalados en las carreteras, principalmente en la región Sur.
“Los conductores de vehículos, tipo minibuses y motocicletas, operan en complicidad para transportar por territorio dominicano a personas que vienen del país vecino con el propósito de establecerse permanentemente aquí”, denunció Gómez Ramírez.
Apuntó que “esta entidad patriótica entiende que la República Dominicana, en legítima defensa, está obligada a aplicar de manera estricta una política migratoria que garantice la deportación efectiva de todo ilegal o indocumentado que esté en el país, para evitar que los deportados puedan regresar a nuestro territorio, como suele suceder, con la misma condición que llevó a su deportación”.
Señaló que las autoridades nacionales no pueden aceptar ningún tipo de imposición, injerencia o presión y que es necesario hacer más efectiva la política de repatriación; por lo tanto, es necesario proporcionar más recursos a la Dirección General de Migración para que ese organismo pueda repatriar a su país a un número proporcional de extranjeros ilegales e indocumentados que logran establecerse aquí de manera ilegal.
Recalcó la necesidad de aplicar el principio 10 establecido en la Constitución que privilegia la Zona Fronteriza, el cual establece que “se declara de supremo y permanente interés nacional la seguridad, el desarrollo económico, social y turístico de la Zona Fronteriza, su integración vial, comunicacional y productiva, así como la difusión de los valores patrios y culturales del pueblo dominicano”.
Indicó que es necesario crear las condiciones para que los habitantes de la frontera puedan permanecer allí con las mejores condiciones de vida, de manera que sus familias puedan desarrollarse en un entorno de bienestar y seguridad.
Asimismo, establecer un régimen de vida digno para los miembros de las Fuerzas Armadas que prestan sus servicios a la Patria desde la región fronteriza, para que junto a sus familias puedan alcanzar el deseable perfeccionamiento y desarrollo humano que implica vivir bajo un régimen donde prevalezca la dignidad.
