RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- El Gobierno dominicano puso en marcha un plan nacional con el objetivo de reducir las muertes y lesiones por accidentes de tránsito antes del año 2030, con los primeros resultados esperados en un plazo de seis meses.
Como parte de este esfuerzo, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) inició una consulta nacional denominada “Plan Nacional de Seguridad Vial 2025-2030”, en la que participan 121 entidades de los sectores público y privado.
El director del Intrant, Milton Morrison, informó que el proceso incluirá cuatro consultas regionales, la primera en el Distrito Nacional, seguidas por encuentros en el Sur, Este, Cibao Central y Cibao Norte hasta marzo.
El plan abarca seis ejes clave:
- Institucionalidad
- Educación
- Información
- Fiscalización
- Movilidad
- Atención a víctimas
Técnicos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estarán a cargo de la coordinación.
Preocupación por las altas cifras de accidentes
Morrison destacó que el país no puede seguir con la alta tasa de siniestros viales. En 2023, 3,112 personas fallecieron en accidentes de tránsito, una cifra que pone en alerta a las autoridades.
“No es solo otro plan, buscamos soluciones reales. No podemos permitir que casi nueve familias dominicanas pierdan un ser querido todos los días a causa de los accidentes”, afirmó el funcionario.
Uno de los puntos críticos es la elevada mortalidad entre motociclistas, lo que implica una mayor fiscalización por parte de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett). Se plantea además reforzar el uso de cascos certificados para garantizar la protección de los conductores.
Alba María Ropero Álvarez, representante de la OPS, calificó la situación como alarmante y destacó que, pese a los esfuerzos previos, la tasa de mortalidad vial en República Dominicana sigue por encima del promedio de la región.
El impacto económico de los accidentes representa un 2.21 % del PIB nacional, afectando especialmente a la población económicamente activa. Dos tercios de las víctimas son motociclistas, en su mayoría hombres entre 15 y 29 años.
“El costo de los accidentes incrementa la pobreza del país y afecta a una parte clave de la población productiva”, advirtió Ropero Álvarez.
El consultor colombiano Henry Hernández, quien acompaña el proceso, aseguró que la metodología utilizada garantizará que el plan esté validado y legitimado.
“Este es un esfuerzo interinstitucional que debe contar con la confianza de todos. Los aportes de quienes conocen el problema son fundamentales para construir soluciones efectivas”, señaló.
