RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- El viernes pasado, la Federación Nacional de Trabajadores del Transporte Social Cristianos (Fenattransc), la Federación de Mujeres Envejecientes de San Isidro (Fumesi) y el Movimiento Nacional Reeleccionista «La Expansión» presentaron una acción de amparo ante el Tribunal Superior Electoral (TSE) en contra del debate presidencial organizado por la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE). Esta acción se fundamenta en la presunta violación del principio constitucional de igualdad de género.
Los representantes legales de las entidades accionantes, los abogados José Mario Díaz, Fredermido Ferreras Díaz y Frederick Ferreras González, argumentaron que la exclusión de las candidatas presidenciales por parte de ANJE constituye una discriminación contra las mujeres que aspiran a la presidencia de la República, en contravención de los artículos 39, 68, 69, 208 y 216 de la Constitución.
La acción de amparo busca no solo la exclusión del expresidente Leonel Fernández del debate, sino también, de manera subsidiaria, la inclusión de los demás candidatos presidenciales de los partidos minoritarios para las elecciones de mayo próximo.
Los abogados señalan que el evento organizado por ANJE otorga un privilegio indebido al Partido Fuerza del Pueblo y a su candidato presidencial, Leonel Fernández Reyna, excluyendo a las mujeres que también aspiran a la presidencia.
En el comunicado emitido por los juristas, se destaca que la convocatoria de ANJE para el debate solo incluyó a los candidatos de los partidos mayoritarios del país, excluyendo a los candidatos de los partidos minoritarios, lo que constituye, según la acción de amparo, una violación a los principios de igualdad y equidad de género establecidos en la Constitución.
El abogado José Mario Díaz subrayó que la inclusión de Leonel Fernández y su partido en el debate, bajo el argumento de convocar solo a los partidos mayoritarios, representa un privilegio injustificado en comparación con los partidos y candidatos considerados “minoritarios”.
La acción de amparo presentada ante el Tribunal Superior Electoral busca garantizar el respeto a los principios constitucionales de igualdad y equidad de género en el proceso electoral, así como promover la participación inclusiva de todos los candidatos presidenciales en los debates públicos.
