RDÉ DIGITAL SANTO DOMINGO.- En la noche de ayer mientras se realizaba la reunión con la prensa denominada “la Semanal”, el Gobierno, a través de las instituciones del sector agua, reveló una serie de proyectos con un costo conjunto de 370 millones de dólares. Sin embargo, detrás de la aparente magnificencia de esta iniciativa, se esconden múltiples desafíos y preocupaciones.
El presidente Luis Abinader anunció la planificación de tres embalses:
Haina, Don Juan en Monte Plata, y la canalización del agua desde la presa de Hatillo. Estas obras, según Abinader, garantizarán el suministro de agua al Gran Santo Domingo en los próximos 20 o 25 años, período en el cual se espera que el líquido sea escaso. Sin embargo, el anuncio carece de detalles concretos sobre cómo se abordarán los problemas ambientales asociados a estas intervenciones.
En cuanto al presupuesto de inversión presentado, se destinan 250 millones de dólares para el fortalecimiento de las prestadoras de agua, 40 millones para mejoras en los acueductos de Moca y Gaspar Hernández, y 80 millones para la gestión de cuencas de los ríos Yaque del Norte y Ozama. Aunque estas cifras parecen impresionantes, la falta de fechas concretas para la ejecución de los proyectos plantea dudas sobre la viabilidad y el cumplimiento de las metas propuestas.
Abinader afirmó que avanzan en los diseños para las presas de Don Miguel, Paraíso, y Joca. Sin embargo, la ausencia de fechas específicas para estas iniciativas deja en el aire la urgencia y la seriedad con la que se abordan los problemas hídricos.
En relación con la presa de Monte Grande en Barahona, inaugurada recientemente, Abinader admitió que faltan elementos clave como los canales de riego, el acueducto y el sistema de generación de electricidad. Esta revelación plantea interrogantes sobre la planificación y ejecución de proyectos ya inaugurados, poniendo en tela de juicio la eficacia de la gestión gubernamental en este ámbito.
En cuanto a la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd), se destacó el aumento en la cobranza del agua, pero no se ofrecieron detalles sobre cómo este incremento se traduce en mejoras tangibles para los ciudadanos.
El director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), Wellington Arnaud, mencionó cifras de inversión, pero la falta de información sobre los resultados concretos y la ausencia de fechas límite para las obras proyectadas generan incertidumbre sobre la eficacia y transparencia de estas acciones.
En resumen, aunque el Gobierno presenta estos proyectos como soluciones integrales, la falta de detalles específicos, fechas concretas y abordaje de problemas ambientales plantea interrogantes sobre la efectividad y el impacto real de estas iniciativas en la vida de los ciudadanos. La transparencia y la rendición de cuentas son elementos cruciales que deben ser prioridades en la ejecución de proyectos de esta magnitud.
