RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- El reciente contrato de alquiler firmado por la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (Ogtic) ha generado un intenso debate sobre si es más ventajoso comprar o alquilar inmuebles para oficinas públicas. En este contexto, el economista Jaime Aristy Escuder analizó las implicaciones económicas de ambas opciones, concluyendo que alquilar ofrece beneficios sustanciales tanto para el Estado como para los contribuyentes.
Según Aristy Escuder, adquirir un inmueble para uso público implica altos costos iniciales, ya que el Estado necesitaría recursos significativos, que bien podrían provenir directamente de los bolsillos de los contribuyentes o ser financiados a través de deuda pública. En su artículo, el economista destacó que al optar por alquilar, el flujo de efectivo requerido por el Estado es considerablemente menor.
Aristy señala que, en lugar de adquirir un inmueble, el alquiler de una propiedad perteneciente a un fondo de inversión inmobiliario permitiría que los pagos mensuales de arrendamiento, junto con la apreciación del valor del edificio, beneficien indirectamente a los trabajadores dominicanos, quienes son los verdaderos propietarios del inmueble a través de sus aportes a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
El caso de la Ogtic y la Torre Vista 311
En el caso concreto de la Ogtic, quien firmó un contrato de alquiler por 3,927 metros cuadrados de oficinas en la Torre Vista 311, ubicada en el sector Bella Vista del Distrito Nacional, Aristy Escuder resalta que el edificio pertenece al Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Reservas I, gestionado por la Administradora de Fondos de Inversión Reservas (AFI Reservas), una entidad estatal. Este fondo adquirió el inmueble con los recursos de los trabajadores dominicanos, quienes, a través de sus AFP, son los verdaderos propietarios del edificio.
El contrato de arrendamiento, que tiene una duración de diez años y nueve meses, incluye la adecuación y el mobiliario de los espacios y asciende a un costo total de 1,440.3 millones de pesos, con un pago mensual promedio de 9.4 millones de pesos. Según Aristy, este costo es considerablemente más bajo que el de la compra, que, en caso de haberse realizado mediante deuda pública, habría implicado pagos mensuales promedio de 15 millones de pesos.
El economista subraya que el alquiler permite un ahorro de flujo de efectivo de aproximadamente 727 millones de pesos durante el período del contrato. Este ahorro podría destinarse a inversiones en proyectos de infraestructura y al fortalecimiento del capital humano, lo que contribuiría al crecimiento económico del país.
Un modelo beneficioso para los trabajadores dominicanos
Aristy Escuder concluye que, aunque el Estado no sea propietario directo del inmueble, los beneficiarios reales son los trabajadores dominicanos, quienes, a través de sus aportes a las AFP, participan en los fondos de inversión que poseen el edificio. Esta modalidad permite que los recursos de los contribuyentes se inviertan en fondos que generan rendimientos para los trabajadores, lo que beneficia a la población a largo plazo.
Finalmente, el economista destaca que el arrendamiento por metro cuadrado es competitivo, con un costo aproximado de 33 dólares, que incluye el acondicionamiento y mobiliario. Además, el contrato prevé un ajuste anual del alquiler del 2.5 %, lo que representa un aumento moderado en comparación con la tasa de depreciación del peso dominicano, estimada en un 3 % anual.
Este enfoque resalta cómo la estrategia de alquiler puede ser una opción más eficiente y beneficiosa, tanto para el Estado como para los ciudadanos, en lugar de la adquisición de inmuebles mediante deuda pública.
