RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.– La Junta Central Electoral (JCE) respondió este jueves a la solicitud de información presentada por el partido Fuerza del Pueblo (FP) sobre el proceso de renovación de la Cédula de Identidad y Electoral, ofreciendo detalles sobre los consorcios involucrados en el proyecto, pero sin divulgar los nombres de los beneficiarios finales de las empresas participantes.
En una comunicación firmada por el presidente de la JCE, Romain Andrés Jáquez Liranzo, la institución electoral explicó que la omisión se debe a lo establecido en la Ley núm. 155-17 sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Según la ley, solo se considera beneficiarios finales a quienes posean al menos el 20 % del capital social o tengan control efectivo sobre la entidad, información que, según la JCE, puede inferirse mediante los porcentajes de participación incluidos en los documentos anexos.
Consorcios participantes
El proyecto de renovación de cédulas involucra a tres consorcios internacionales:
- EMDOC: Conformado por Igtek Solutions, GSI Internacional Inc., Veridos Mhb, Muhlbauer, Ultra Tech, entre otras.
- IDSECURE IDS: Integrado por Toppan Security (anteriormente HID Global CID SAS), Midas Dominicana, Litho Formas, Ixia y Magallanes Media.
- CÉDULA 4.0 FZCO: Incluye a Copy Solutions International (CSI), Get Group, Get Group Latam, Selp, Get International FZCO y Global Enterprise Technology Corp.
Según la JCE, se remitieron documentos que detallan las funciones específicas, historial técnico y participación accionaria de las empresas en cada consorcio.
Transparencia bajo debate
El partido Fuerza del Pueblo había solicitado esta información en aras de garantizar mayor transparencia en un proceso considerado clave para la identificación y el ejercicio de derechos civiles y electorales.
La petición fue reiterada por su delegado político, Manuel Crespo, el pasado 28 de mayo.
Aunque la JCE afirma haber cumplido con el principio de acceso a la información pública, la ausencia de datos sobre los beneficiarios finales directos podría reavivar los cuestionamientos sobre la transparencia y el control de los procesos contractuales.
Ahora, con los documentos en manos de los partidos políticos, se espera una evaluación detallada de los perfiles y antecedentes de los consorcios seleccionados, en un contexto donde la confianza institucional y la vigilancia ciudadana resultan esenciales para la legitimidad del proceso de renovación del documento de identidad nacional.
