RDÉ DIGITAL, SAN FRANCISCO.- La administración del presidente Donald Trump debe suspender temporalmente los despidos de empleados federales durante el cierre del gobierno, ordenó el miércoles la jueza federal Susan Illston en San Francisco.
La medida de emergencia se produjo después de que las agencias federales comenzaran el viernes pasado a enviar avisos de despido, en un esfuerzo de la administración republicana por ejercer presión sobre los legisladores demócratas mientras continúa la paralización del gobierno, que inició el 1 de octubre.
Decisión judicial y costo humano
La jueza Illston señaló que la administración estaba actuando sin considerar adecuadamente las consecuencias de sus decisiones.
“Es muy de disparar primero y apuntar después en la mayoría de estos programas, y tiene un costo humano. Es un costo humano que no se puede tolerar”, afirmó.
La orden de restricción temporal responde a la petición de la Federación Estadounidense de Empleados del Gobierno y otros sindicatos, que denunciaron los despidos como un abuso de poder diseñado para castigar a los trabajadores y presionar al Congreso.
Impacto y contexto del cierre
El cierre, que ya entra en su tercera semana, mantiene paralizadas varias agencias federales. Los legisladores demócratas exigen que cualquier acuerdo para reabrir el gobierno incluya atención médica y otros beneficios sociales. Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, advirtió que el cierre podría convertirse en el más largo de la historia, y se ha negado a negociar hasta que se levante la paralización.
Mientras tanto, la administración Trump continúa pagando al ejército y realizando detenciones masivas de inmigrantes, al tiempo que recorta empleos en sectores como salud, educación especial y programas extracurriculares, declarando que muchos de los programas afectados son “demócratas” y “nunca van a regresar”.
Número de despidos previstos
Según un documento judicial, la administración planeaba despedir a más de 4.100 empleados en ocho agencias federales. Los sindicatos sostienen que los avisos de despido constituyen presión política ilegal y represalia, basándose en la premisa falsa de que un cierre temporal elimina la autoridad del Congreso sobre los programas de las agencias.
Por su parte, la administración argumenta que el tribunal de distrito carece de jurisdicción para revisar decisiones de empleo tomadas por agencias federales durante el cierre.
