RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO. – La jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional emitirá este viernes su decisión sobre el juicio preliminar seguido contra el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, y el empresario José Gómez Canaán, conocido como Jochi Gómez.
Ambos están acusados por el Ministerio Público de presuntos actos de corrupción administrativa. Además, enfrentar cargos relacionados con fraude, sabotaje y terrorismo tecnológico contra la red de semáforos del Gran Santo Domingo.
La decisión está programada para las 9:00 de la mañana.
La magistrada Yanibet Rivas tiene previsto dar a conocer su fallo a las 9:00 de la mañana. Con esta decisión determinará si los acusados deberán enfrentar un juicio de fondo o si procede alguna otra medida procesal.
El expediente también involucra a otras ocho personas y siete empresas señaladas por el órgano acusador.
Asimismo, el caso ha sido considerado uno de los procesos judiciales más relevantes vinculados a la administración pública en los últimos años.
¿Quiénes figuran entre los acusados?
Además de Beras y Gómez, el Ministerio Público acusa a varios exfuncionarios y colaboradores del Intrant.
Entre ellos se encuentran:
- Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico.
- Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología.
- Frank Rafael Atilano Díaz Alcaide, excoordinador de Despacho.
- Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del Intrant.
De igual forma, el expediente incluye a Carlos José Peguero Vargas, Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso.
Siete empresas también están bajo investigación
La acusación presentada por el Ministerio Público alcanza a varias entidades comerciales presuntamente vinculadas al esquema investigado.
Las empresas incluidas en el proceso son:
- Transcore Latam SRL
- Aurix SAS
- Inprosol SRL
- OML Inversiones SRL
- PagoRD Xchange SRL
- Industria Soltex Dominicana SRL
- Dekolor SRL
Según las autoridades, estas compañías habrían tenido participación en operaciones relacionadas con los hechos investigados.
El supuesto origen del sabotaje a los semáforos
De acuerdo con la acusación, los actos de sabotaje registrados en agosto de 2024 tuvieron su origen en la suspensión del contrato adjudicado a Transcore Latam, empresa vinculada a Gómez.
El acuerdo superaba los 1,300 millones de pesos. Su objetivo era la modernización y gestión del sistema semafórico del Gran Santo Domingo.
Sin embargo, la Dirección General de Contrataciones Públicas suspendió el proceso tras detectar irregularidades. Posteriormente, según el Ministerio Público, se produjeron interrupciones en el funcionamiento de numerosos semáforos del Distrito Nacional.
El Estado reclama una indemnización millonaria
Además de las acusaciones penales, el Estado dominicano ha solicitado una indemnización superior a los 12,000 millones de pesos por los daños presuntamente ocasionados.
Por ello, la decisión que emita la jueza Rivas será determinante para el curso del proceso. Asimismo, marcará el próximo paso en uno de los casos de mayor impacto dentro de las investigaciones sobre contratación pública y gestión tecnológica en el país.
