RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- La jueza Ana Lee Florimon, del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, ha denunciado públicamente una presunta persecución en su contra. Durante una audiencia relacionada con el denominado expediente operación Calamar, la magistrada reveló que ha sido objeto de seguimientos por parte de un automóvil de color blanco.
Durante la audiencia, la jueza expresó: “Siempre les recuerdo que pueden intervenir 10 mil traslados, pueden intervenir 10 mil campañas de descrédito moral, pueden establecer que esta juzgadora tiene relaciones interpersonales, pero la verdad siempre sale a la luz. Y el tiempo es el mejor maestro, eso he aprendido”.
Esta persecución no solo afecta a la jueza, sino que también se extiende a su familia, como lo evidenció al mencionar que su hijo también ha notado la presencia del vehículo blanco.
“Mi papá siempre nos decía, ¿cómo tú quieres que te recuerde? Si tú mueres hoy, ¿cómo tú quieres que te recuerde? Yo no quiero que me recuerden por ser una persona arbitraria, por doblar el proceso, por hacer una campaña de descrédito moral, en contra de una persona, que desde hace más de cuatro meses…», sostuvo.
Florimon destacó que, en muchas ocasiones, los jueces son víctimas de ataques personales cuando no pueden ser atacados en su capacidad profesional. “Los jueces, o juezas, usualmente somos víctimas, porque los partidos del proceso, para no hacer específicas, tienen siempre algo, cuando la mujer es joven, se tiene que separar”, afirmó.
Ante estas circunstancias, la magistrada rechazó todas las solicitudes y cuestionamientos presentados por el Ministerio Público en su contra, destacando que su tribunal se ha caracterizado por actuar bajo las garantías del derecho.
Por otra parte, en el caso judicial se ha desatado una controversia sin precedentes en el Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional. Las acusaciones de parcialidad y dilación indebida han dejado al descubierto grietas en el sistema judicial, mientras las partes involucradas se enzarzan en una batalla legal sin cuartel.
El fiscal Wilson Camacho ha lanzado una serie de acusaciones graves contra la jueza Ana Lee Florimón, quien preside el caso. Camacho alega que Florimón ha actuado con discrecionalidad excesiva, comprometiendo así la imparcialidad del proceso. El Ministerio Público (MP) ha presionado para que se aparte de manera inmediata del caso, argumentando que su actuación amenaza la sanidad del proceso y podría llevar a su declaración de nulidad.
En respuesta, la defensa de los imputados, encabezada por Gonzalo Castillo y Donald Guerrero, ha defendido la integridad de la jueza Florimón. Gonzalo Castillo ha afirmado que la lectura de la decisión adoptada por la jueza antes de ser recusada no afecta la imparcialidad del proceso, mientras que Donald Guerrero ha denunciado la dilación indebida como perjudicial para la defensa técnica.
Mientras que la réplica de Wilson Camacho ha profundizado aún más la controversia, insinuando que la jueza Florimón tenía la decisión lista antes de que se presentara la solicitud de recusación. Estas acusaciones han avivado las llamas de la discordia en el tribunal, mientras la jueza se esfuerza por mantener la compostura frente a los embates del Ministerio Público.
En cuanto a la decisión del tribunal ha dejado a muchos perplejos. A pesar de las intensas acusaciones lanzadas por el MP, el tribunal ha optado por no entrar en detalles sobre la recusación, prefiriendo mantener la imparcialidad y la integridad del proceso. La jueza Florimón ha rechazado vehementemente las acusaciones de parcialidad, subrayando su compromiso con la justicia y el debido proceso.
