RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- La magistrada suplente del Segundo Tribunal de la Instrucción del Distrito Nacional, Franchesca Pontantini, tiene previsto examinar este lunes la solicitud de prórroga de cuatro meses realizada por el Ministerio Público para presentar conclusiones en el caso Calamar, con todos los plazos vencidos a un mes y 11 días después de que se impusiera la medida de prisión preventiva a los implicados en el caso Calamar.
Según un comunicado emitido este domingo, los fiscales pretenden que la jueza Pontantini, encargada del control de ese expediente, conozca la solicitud de prórroga del plazo que ya ha expirado, lo cual constituye una violación al Estado de derecho que rige en la República Dominicana y a la que estaría sujeto cualquier ciudadano sin importar su posición social.
El primer plazo vencido fue el de los ocho meses otorgado por la jueza Kenya Romero, coordinadora de los Tribunales de la Instrucción que conoció la solicitud de medida de coerción, quien al declarar el caso como complejo concedió a los fiscales ocho meses según lo establecido en el Código Procesal Penal, para concluir la investigación, plazo que finalizó en noviembre del año pasado.
Posteriormente, el 18 de marzo pasado se cumplió un año desde la imposición de la medida de coerción y transcurrieron incluso los diez días estipulados por ley para la intimación.
El Código Procesal Penal establece que uno de los motivos de extinción de la acción penal es la expiración del plazo máximo de duración del procedimiento preparatorio sin que se haya formulado acusación u otro requerimiento conclusivo. Así lo establece el numeral 12 del artículo 44 de dicho Código.
Los abogados de Donald Guerrero, Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta solicitaron en la audiencia anterior y mediante una instancia a la jueza del Segundo Tribunal de la Instrucción del Distrito Nacional que intime al Ministerio Público para que presente una conclusión de la investigación del caso Calamar, por vencimiento del plazo establecido en el Código Procesal Penal.
Los abogados Laura Acosta y Luis Rivas, de Gonzalo Castillo; Edward Núñez, de Donald Guerrero, han pedido a la jueza que intime al Ministerio Público para que presente la acusación, solicitud a la que se han sumado Santiago Rodríguez, Emery Colomby Rodríguez Mateo, Pedro Balbuena y Chanel Liranzo Montero, abogados de José Ramón Peralta, una petición que aún no se ha cumplido.
“Intimar a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) para que proceda a presentar una conclusión en el proceso que se le sigue de acuerdo con el plazo establecido en el artículo 151 del Código Procesal Penal, que consta de 15 días”, señala la instancia.
Los abogados indican que el Tribunal, a través de la Resolución número 670-2023-SMDC- 00535, del 29 de marzo de 2023, específicamente en la página 106, párrafo 18, ha establecido el plazo con el que cuenta el Ministerio Público, en este caso, la Procuraduría Especializada De La Corrupción Administrativa (Pesca).
Según el párrafo 18 de la resolución, se especifica que “al aplicarse las reglas del procedimiento para casos complejos, el Ministerio Público dispone de un plazo de ocho meses para concluir la investigación, conforme a los términos de los artículos 150 y 370 del Código Procesal Penal.
