RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.-Este lunes será conocida la solicitud de prórroga presentado por el Ministerio Público en noviembre del año pasado sobre el caso Calamar por la juez interina del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Franchesca Potentini.
La audiencia inicia a las 9 de la mañana en el Palacio de Justicia del Centro de los Héroes.
La jueza Potentini está a cargo de conocer la solicitud donde figuran involucrados los exministros Donald Guerrero, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo.
La magistrada sustituye en el caso a la jueza Ana Lee Florimón, quien fue recusada por el Ministerio Público.
El Ministerio Público, cuyo plazo para someter la acusación venció el 29 de noviembre pasado, cuando se cumplieron los ocho meses otorgados por la magistrada Kenya Romero al dictar medida de coerción contra los encartados, pidió un plazo de otros cuatro meses más para depositarla.
De acuerdo a informaciones de una fuente judicial, en el caso Calamar, donde se investiga el pago de unos RD$17,000 millones en expropiaciones a través del Ministerio de Hacienda, el Ministerio Público habría fabricado unos 12 querellantes falsos.
Dijo que el “80 por ciento de las querellas provienen de una sola oficina, en contra de Donald Guerrero y de otros, y corresponden a dueños que obtuvieron sentencias después que Guerrero dejó de ser ministro de Hacienda y en consecuencia nunca se firmaron contratos, ni se hicieron pagos. En otros casos, se trata de personas sin ninguna vocación sucesoral comprobada”.
Agrega la fuente judicial, que en esos y en otros de supuesta corrupción que se ventilan en los tribunales “se trata de una práctica para integrarse a procesos judiciales y luego presionar por arreglos financieros sin justificación lícita”
“Hay también como querellantes, personas que otorgaron poderes a varios abogados y el resto, cuyos clientes que firmaron directamente con el Estado, han firmado bajo la falsa promesa de devolución de ese dinero y el pago de nuevo de las tierras que ya les fueron pagadas”, sostiene.
Indica que “los querellantes que resultaron ser falsos podrían debilitar el caso, puesto que en definitiva se trata de terrenos declarados de utilidad pública, ocupados por el Estado, la mayoría con sentencias judiciales a los que se les cuestiona básicamente el pago de comisiones para el cobro de los mismos”.
El Ministerio Público, cuyo plazo para someter la acusación venció el 29 de noviembre pasado, cuando se cumplieron los ocho meses otorgados por la magistrada Kenya Romero al dictar medida de coerción contra los encartados, pidió un plazo de otros cuatro meses más para depositarla.
Para justificar la solicitud de prórroga, la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa -Pepca-, sostuvo en la ocasión que todavía no había obtenido respuestas en el tiempo hábil y oportuno de algunos organismos del Estado, en sus diligencias que son vitales para concluir la acusación a los involucrados en el caso Calamar.
El alegado fraude al Estado también involucra al exdirector del Consejo Estatal del Azúcar -CEA-, Luis Miguel Piccirilo, Aldo Antonio Gerbasi Fernández, Julián Omar Fernández Figueroa, Claudio Silver Peña, Alejandro Constanzo Soda, Marcial Reyes, Oscar Chalas Guerrero, Agustín Mejía y Víctor Matías, entre otros. La mayoría cumple prisión domiciliaria.
