RDÉ DIGITAL, WASHINGTON.- Una jueza federal ordenó este miércoles una nueva pausa a nivel nacional sobre la polémica orden ejecutiva del presidente Donald Trump, que intentaba terminar con la ciudadanía por derecho de nacimiento para personas nacidas en Estados Unidos de padres sin estatus legal. La jueza Deborah Boardman calificó la ciudadanía como el “derecho más precioso” y subrayó que ningún tribunal ha respaldado la interpretación de la administración Trump sobre la Decimocuarta Enmienda.
Boardman manifestó que la ciudadanía es un derecho otorgado expresamente por la Constitución y que requiere una política uniforme, por lo que solo una orden judicial a nivel nacional podría ofrecer el alivio completo a los demandantes. Además, después de leer su fallo, la jueza preguntó a un abogado del gobierno si apelaría su decisión, pero este respondió que no tenía la autoridad para hacerlo de inmediato.
Este fallo se da después de que la orden de Trump fuera temporalmente suspendida a nivel nacional por una demanda presentada por cuatro estados en Washington, donde un juez calificó la orden como “flagrantemente inconstitucional”. Hasta la fecha, 22 estados y diversas organizaciones han interpuesto demandas para bloquear la medida.
El caso está vinculado al principio de ciudadanía por derecho de nacimiento, consagrado en la Decimocuarta Enmienda, ratificada en 1868 tras la Guerra Civil, para asegurar la ciudadanía de los esclavos liberados. La administración Trump sostiene que los hijos de no ciudadanos no deben ser considerados “sujetos a la jurisdicción” de Estados Unidos, por lo que no tendrían derecho a la ciudadanía.
Los defensores de la ciudadanía por nacimiento, incluidos grupos de derechos de inmigrantes y madres embarazadas, argumentan que este principio es fundamental para la democracia estadounidense y está arraigado en las leyes del país. En cambio, el gobierno de Trump sostiene que la Constitución no concede automáticamente la ciudadanía a los hijos de quienes han eludido o desafiado las leyes federales de inmigración.
El fallo de la jueza Boardman ocurre en medio de un debate jurídico sobre la constitucionalidad de la medida. Además de los 22 estados que buscan bloquear la orden, un grupo de fiscales generales republicanos se unió a las demandas federales para defender la acción ejecutiva del presidente Trump.