RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- En varios operativos realizados en diferentes regiones del país, las autoridades ambientales interceptaron cargamentos de madera y arena transportados de manera irregular, en acciones que refuerzan la lucha contra los delitos ambientales en la República Dominicana.
En la carretera San Francisco–Nagua fue retenido un camión con 2,700 unidades de madera sin permisos, mientras que en Sánchez Ramírez se incautaron 5,000 pies de madera producto de tala indiscriminada. En otro punto, en la carretera San Juan–Azua, se detuvo un vehículo que trasladaba 150 postes de madera de origen irregular. También en la comunidad Río al Medio (Azua) fue retenido un camión cargado con arena extraída de un afluente, y en la autopista Joaquín Balaguer se decomisó otro cargamento de arena de empañete sin autorización ambiental.
Estos hechos se enmarcan en lo que organismos nacionales e internacionales consideran ilícitos ambientales: acciones que deterioran de forma significativa los recursos naturales, como la tala sin control, la minería ilegal, el comercio irregular de productos forestales y la contaminación de cuerpos de agua. Según ONU Medio Ambiente, este tipo de delitos generan a nivel global entre 91,000 y 259,000 millones de dólares al año, lo que los convierte en el cuarto crimen más lucrativo del mundo, solo superado por el narcotráfico, la falsificación y la trata de personas.
En el país, la justicia ha comenzado a dar mayor importancia a estos casos. El Observatorio del Poder Judicial ha reiterado que el derecho a un medio ambiente sano es fundamental, lo que respalda la aplicación de la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Ángel Gomera, director de Prevención y Políticas Ambientales de Proedemaren, explicó que la Procuraduría General tiene como misión garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental y defender los derechos de la ciudadanía frente a los infractores. Subrayó además la necesidad de actualizar la Ley 64-00 para enfrentar los nuevos retos del cambio climático y la sobreexplotación de recursos.
Durante el período enero-junio de 2025, el Servicio Nacional de Protección Ambiental (Senpa) reportó la realización de 10,722 operativos en todo el país, con 2,573 personas detenidas por delitos ambientales, cifra que supone un incremento de 5.4 % respecto al mismo período de 2024. Las infracciones más frecuentes estuvieron relacionadas con suelos y agua, recursos forestales y biodiversidad.
Las estadísticas de la Oficina Nacional de Estadística y del Ministerio de Medio Ambiente registraron en 2024 un total de 2,911 denuncias ambientales, la mayoría realizadas en la región Ozama a través de la Línea Verde.
Gomera enfatizó que cualquier ciudadano puede presentar denuncias o querellas en casos de contaminación o explotación ilegal de recursos, lo que permite a la población acceder a la justicia ambiental. “El empoderamiento ciudadano, junto con leyes eficaces y una institucionalidad sólida, es clave para garantizar un desarrollo sostenible y justo”, puntualizó.
