RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- República Dominicana, con un flujo anual de 10 millones de visitantes, representa apenas el 0.06 % del turismo global.
Sin embargo, esta cifra es significativa para un país con 11 millones de habitantes y evidencia una masificación de destinos, especialmente en La Altagracia, donde se registra la mayor densidad de turistas, con 2,240 visitantes internacionales por kilómetro cuadrado, según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Esta provincia del Este recibió el 53.7 % de los turistas del país entre enero y agosto de 2024.
El modelo turístico dominicano, centrado en el “todo incluido” con más de 87,700 habitaciones en casi mil establecimientos, ha sido exitoso para atraer grandes volúmenes de turistas, pero limita el impacto en la economía local fuera de los resorts.
Según el BID, esta modalidad impide que muchos viajeros exploren otras áreas o consuman en negocios locales, lo que subraya la necesidad de diversificar las experiencias y promover nuevos destinos que permitan distribuir los beneficios turísticos.
El turismo en el país, aunque beneficioso económicamente, también presenta desafíos ambientales. La industria consume el 43 % de la energía, es responsable del 40 % de los residuos sólidos y su demanda de agua triplica la de los residentes dominicanos.
Además, el aumento en la actividad turística ha contribuido a la pérdida de manglares, ecosistemas clave en la protección de la biodiversidad y el control de inundaciones.
El Environmental Performance Index posiciona a República Dominicana en los últimos lugares del mundo en preservación de servicios ecosistémicos, una preocupación que crece en paralelo con los efectos del cambio climático.
El cambio climático también plantea serios retos para el sector turístico. Según ONU Medio Ambiente, la industria debe asumir un liderazgo en la protección de los recursos naturales que son la base de su atractivo.
Eventos climáticos recientes como los huracanes Isaías (2020), Fiona (2022) y Franklin (2023) han causado pérdidas al país por 819 millones de dólares, afectando en un 60 % a sectores productivos y en un 20 % a la infraestructura.
